El domingo 14 de abril de 2024 por la noche, una mujer de 22 años oriunda de la zona sur del Conurbano llegó a un departamento en la calle Larrea al 300, zona de Once. Tres hombres oriundos de Perú, a los que conocía por medio de un amigo y compañero de trabajo, la habían invitado allí para beber unas cervezas. Sus anfitriones se dedicaban, sabía ella, al negocio de los taxis en La Salada. Un cuarto se sumaría poco después. Eran parientes entre sí. No conocía sus apellidos. Los sabría tiempo después: eran hermanos entre sí, medios hermanos, primos, los Acosta Chapoñan,
Allí, bebieron. Luego, hubo cocaína, servida en un plato blanco sobre una mesa ratona, cortada y delineada con una tarjeta magnética de un local de juegos para chicos. Le convidaron a la invitada “a ver si levanta un poco”, dijo uno de ellos.
Luego, la violaron durante ocho horas, uno por uno. Se turnaron para forzarse sobre ella en la habitación, luego en el baño, en uno de los abusos grupales más grotescos y denigrantes de la historia reciente. Las recargas en la mesita ratona se repitieron a lo largo de la noche. La víctima rogó por auxilio. En un descuido de sus captores, posteó una historia en su estado de WhatsApp. Un amigo la vio. Ese amigo llamó de inmediato a la Policía de la Ciudad. La víctima, en tanto, logró escapar hacia la calle Larrea.
Así, comenzó una investigación a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro, que ordenó pericias, relevos de cámaras. El testimonio de la víctima, sumamente detallado, fue considerado una prueba de altísimo valor. Incluso, logró el arresto en Perú de uno de los hermanos, que escapó días después del hecho y fue extraditado. Hoy, más de dos años después, los Acosta Chapoñan fueron condenados. La pena fue ejemplar: 18 años de prisión para cada uno.
El jueves el Tribunal N°22 con el magistrado Sergio Paduczak dictó las penas para Florentino, Yoel, Fermín y Edddinson Acosta Chapoñan, con una acusación a cargo de la fiscal María de los Ángeles Gutiérrez. Los delitos que les enrostraron ocupan un párrafo entero: privación ilegal de la libertad personal agravada por amenazas, en concurso real con abuso sexual agravado por acceso carnal y por la intervención de dos o más personas, todo agravado por el uso de drogas para cometer las violaciones, según el fallo al que accedió Infobae.
Los acusados, también, deberán entregar una muestra de sus perfiles de ADN al Departamento de Genética del Cuerpo Médico Forense para ser incluidos en el registro nacional de abusadores, donde figura, por ejemplo, el cura Julio César Grassi.
Las penas para los acusados vencerán entre junio de 2042 y 2043, de acuerdo a los plazos de sus detenciones, si es que sus apelaciones no prosperan.
Las pruebas del caso: la pericia psicológica
La víctima fue atendida en el hospital Ramos Mejía,donde se detectaron lesiones compatibles con un abuso sexual. Se hallaron rastros genéticos de dos de los acusados. El daño psicológico a la víctima que provocó la violación grupal se volvió evidente en un estudio ordenado por la fiscal Cuñarro realizado por el Cuerpo Médico Forense.
“Asimismo,cobra relevancia el resultado del peritaje psicológicorealizado respecto de la víctima, en el que se concluyó que la misma cursa un cuadro clínico de trastorno por estrés postraumático-daño psíquico- asociado de manera causal a los hechos denunciados e investigados”, asegura un documento de la causa.
El reporte habla de“un profundo malestar anímico” sufrido por la víctima, con situaciones que pusieron en riesgo su vida en múltiples ocasiones. “Le cuesta conciliar el sueño y mantenerlo,no logrando dormir más de dos horas de corrido… Asimismo, hace referencia a presentar recuerdos intrusivos persistentes», continuó el texto.
