A pesar de que en el último año el transporte se ajustó 75% frente a una inflación interanual del 33,2%, un pasaje de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $788, pero su costo técnico real —sin subsidios— es de $2.014. La brecha es del 155%, una diferencia que revela la presencia -aun mayoritaria- de los subsidios estatales al transporte público en el AMBA.
El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios realizado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET.
El IIEP elaboró un índice propio para medir la evolución de los costos del transporte público automotor del AMBA, expresado en función de la cantidad de pasajeros transportados. Ese índice arroja que el costo técnico del servicio, es decir la tarifa sin subsidios, alcanza los $2.014 por pasajero a mayo de 2026 —o $2.225 si se incluye el IVA—. El valor debe contrastarse, además, con el costo reconocido por el Estado Nacional, que asciende a $1.597: incluso la compensación oficial queda por debajo del costo real calculado por el instituto.
De acuerdo con el relevamiento, el transporte es, dentro de la canasta de servicios públicos del AMBA, el rubro de mayor peso y el que más subió en el último año. Según el reporte del IIEP, el gasto mensual de un hogar promedio en este rubro alcanza los $116.688, lo que representa el 41% de la canasta total.
A eso se suma que en junio las líneas de colectivos de la Ciudad aumentaron 4,6% —el IPC de abril más el 2% de la regla indexatoria—, mientras que las líneas interjurisdiccionales volvieron a subir 7,1%, tras el 7,7% de abril. El gasto total de las familias en transporte creció 5,7% respecto a mayo.
De esta forma, en términos interanuales, el transporte acumula un alza del 75% frente al 33,2% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo período. Esa diferencia de 41 puntos porcentuales convierte al transporte en el componente de mayor avance dentro de la canasta, por encima del agua (48%), la energía eléctrica (43%) y el gas natural (37%). El gasto en movilidad aportó por sí solo 27 de los 54 puntos porcentuales de incremento interanual total de la canasta.
A su vez, si se toma el incremento de la canasta de servicios públicos del AMBA desde diciembre de 2023, el aumento fue del 919%, mientras que el índice general de precios lo hizo en 236%. El transporte registra, en ese mismo período, una suba del 1.354%, frente al 2.073% del gas natural —el componente de mayor variación acumulada—, el 555% del agua y el 494% de la energía eléctrica.
El peso del transporte en el salario
El peso de ese gasto sobre los ingresos también se amplió. La canasta de servicios públicos de junio representa el 15% del salario promedio registrado estimado de $1.919.353, lo que equivale a 6,8 canastas por sueldo. Un año atrás, con el mismo salario podían cubrirse alrededor de ocho canastas. El transporte explica el 41% del total y es el componente de mayor incidencia sobre los ingresos del hogar.
En el frente de los subsidios, el cuadro es dispar. Los subsidios totales a la energía y el transporte acumularon un incremento nominal del 48% anual a junio, lo que en términos reales representa una suba del 12%. Los subsidios energéticos, que explican el 77% del total, crecieron 52% en términos reales, impulsados principalmente por las transferencias a Cammesa, que aumentaron 71% real. Los subsidios al transporte, en cambio, cayeron 39% en términos reales, y el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) —que financia los subsidios a los colectivos— no registró devengamientos en mayo ni en junio.
En los últimos 12 meses corridos, los subsidios totales se ubican 60% por debajo de los niveles de diciembre de 2023 y 74% por debajo del pico registrado en junio de 2022. La evolución muestra un estancamiento en torno a los $10 billones de pesos anuales.
El reporte del IIEP también señala que al momento de su publicación el regulador no había actualizado el monto de compensación autorizado, manteniéndose lo estipulado en abril —con precios al mes de febrero de 2026—, de modo que los costos técnicos reconocidos aún no reflejan el impacto de la suba del gasoil, consecuencia del conflicto en Medio Oriente. El instituto estimó que esa recomposición pendiente asciende a $17.500 millones mensuales para el caso de los colectivos de jurisdicción nacional.
