El vicepresidente de Bolivia y titular del Legislativo, Edmand Lara, convocó este sábado a tratar el decreto presidencial que declara el estado de excepción en el país, luego de siete semanas de protestas de sectores campesinos y afines al ex mandatario Evo Morales, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La sesión fue fijada para las 23:00 hora local (3:00 GMT del domingo) y se estableció el carácter de «obligatoria presencialidad”, a diferencia de encuentros recientes en los que se permitió la participación virtual de los legisladores por los bloqueos de caminos, impactando principalmente la zona andina y el centro del país.
El llamado responde, según la convocatoria, a “la extrema gravedad de la coyuntura nacional y al carácter excepcional de la medida que debe ser considerada”.
La Constitución de Bolivia de 2009 determina que la Asamblea Legislativa dispone de hasta 72 horas para aceptar o rechazar el estado de excepción dictado por el Ejecutivo.
El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, confirmó que Paz remitió al Parlamento el decreto y que “se van a hacer las explicaciones” sobre su contenido.
Por otro lado, el ex presidente boliviano y jefe de la alianza opositora Libre, Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), señaló en X que “el Legislativo debe aprobar” la disposición del Ejecutivo porque “la libertad de millones vale más que los bloqueos de unos miles”.
Y añadió: “Escogemos respaldar el estado de excepción, más allá de nuestros cuestionamientos sobre tiempo, capacidades y forma, porque defender a nuestros ciudadanos está encima de nuestro rol opositor”.
Durante la madrugada, Paz anunció la imposición del estado de excepción en Bolivia con el objetivo de “liberar las carreteras del país”.
La medida se conoció poco después de que el Gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para “pacificar” el país, pacto que fue rechazado por los otros dos sectores en conflicto: los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales (2006-2019).
De acuerdo con información de la Presidencia, la disposición no implica la suspensión de derechos, pero sí prohíbe “los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos”.
Este sábado, la Policía y las Fuerzas Armadas se desplegaron en las principales zonas de conflicto para iniciar el desbloqueo de carreteras. Persisten 44 cortes en cuatro de las nueve regiones bolivianas.
La COB y la Federación de Campesinos de La Paz encabezaron desde el 6 de mayo los bloqueos para exigir la dimisión de Paz, sumando luego el apoyo de sectores ligados a Morales.
El conflicto generó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades y provocó al menos 16 fallecidos, 13 por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.
