Bolivia inició este sábado una nueva jornada marcada por 40 bloqueos activos en el país, a pesar de la entrada en vigor del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz, medida que busca restablecer el tránsito en las principales carreteras, tras siete semanas de protestas encabezadas por sectores campesinos y grupos vinculados al ex mandatario Evo Morales.
El mandatario boliviano recurrió a un mensaje televisado y a publicaciones en sus redes sociales para anunciar la aplicación inmediata del estado de excepción. El objetivo declarado fue “liberar las carreteras del país”, un reclamo que ha cobrado fuerza ante el impacto de los bloqueos en las actividades cotidianas. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, escribió.
La decisión presidencial llegó después de un intento de distensión con la firma de un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, con el fin de pacificar el territorio. Dicho acuerdo no logró el respaldo de los sindicatos campesinos de La Paz ni de los seguidores de Morales, quienes rechazaron sumarse al entendimiento y ratificaron su decisión de continuar con los piquetes.
En la ciudad de La Paz, la Federación de Campesinos Túpac Katari mantiene su presencia en los bloqueos, mientras que en Cochabamba los cocaleros afines a Morales persisten en sus acciones. Ambos sectores, que encabezan la protesta desde el 6 de mayo, exigen la renuncia de Paz y desconocen los acuerdos alcanzados por la COB.
Durante su mensaje, el presidente subrayó que la medida “no pretende quitar la normalidad, sino devolverla”, y remarcó que el gobierno mantiene abiertas las puertas “para quienes quieran dialogar de buena fe”. Además, instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas a ejecutar “las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”.
El presidente boliviano justificó la declaración del estado de excepción argumentando que la protesta social evolucionó hacia una “estrategia organizada de desestabilización contra la democracia”. “Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.
El jefe de Estado reiteró sus acusaciones contra “estructuras políticas organizadas” que, según sus declaraciones, operan desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, región identificada como bastión sindical y político de Morales. “Este intento de desestabilización ha causado dolor, muerte y sufrimiento y generado pérdidas económicas incalculables”, afirmó Paz.
La Presidencia boliviana precisó que el estado de excepción no implica la suspensión de derechos, pero sí prohíbe los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos. Además, se dispuso el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y garantizar el abastecimiento de productos básicos.
El conflicto deja un saldo preocupante. De acuerdo con datos oficiales, al menos 16 personas han fallecido en el contexto de las protestas, 13 de ellas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos. Las pérdidas económicas superan los 3.000 millones de dólares, según estimaciones difundidas por la Presidencia.
El viernes, la Central Obrera Boliviana resolvió levantar sus medidas de presión tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo, pero los sindicatos campesinos y los sectores vinculados a Morales se desmarcaron del pacto. Los líderes de la protesta anunciaron que mantendrán los cortes de ruta hasta lograr la renuncia del presidente.
El abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal se encuentra comprometido en varias ciudades del país, lo que ha incrementado la tensión social. El gobierno insiste en que la prioridad es recuperar la normalidad y garantizar la seguridad, mientras los manifestantes exigen la salida de Paz y denuncian represión.
Las próximas horas serán decisivas en un escenario marcado por la persistencia de los bloqueos, el despliegue de fuerzas de seguridad y la falta de consenso político entre los principales actores sociales de Bolivia.
