La reforma fiscal impulsada por el presidente Luis Abinader fue aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados y el Senado, convertida en ley y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. La norma busca sumar RD$50.000 millones al Presupuesto General del Estado, equivalentes aproximadamente a 850 millones de dólares estadounidenses (USD), mediante un aumento de la carga tributaria, según medios locales.
La norma deroga los anticipos para las microempresas, crea una amnistía para deudas tributarias y reduce de 25% a 10% el Impuesto Sobre la Renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles, según Diario Libre. También elimina las leyes de los fósforos y del control a las estampillas, de acuerdo con el mismo diario.
Entre las medidas incluidas, el texto indexa los salarios para que solo quienes ganen más de 39.900 pesos mensuales (unos 678 dólares estadounidenses) paguen el impuesto sobre la renta y eleva la deducción de gastos educativos de 25% a 30%, según Diario Libre. Además, restablece el impuesto selectivo sobre el alcohol etílico usado en la fabricación de medicamentos y sube a 30% la tasa del impuesto sobre la renta empresarial para los grandes contribuyentes, según ese medio.
El proyecto fue presentado como una ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, según Diario Libre. Según Listín Diario, su objetivo central es elevar la recaudación tributaria con mayores cargas sobre distintos sectores de la sociedad.
Cuestionamientos por el trámite y el destino de los fondos
En la comisión bicameral, la primera reunión estuvo dedicada a la lectura íntegra del proyecto y en la segunda se escucharon observaciones del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y de representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, según Diario Libre. Al cierre de ese encuentro, la comisión aprobó un informe favorable que luego pasó al Senado para su votación, de acuerdo con el medio.
Entre las propuestas de cambio impulsadas por la oposición figuraban eliminar impuestos a las telecomunicaciones en zonas rurales, mantener sin cambios la tasa por transferencias bancarias, indexar los salarios inferiores a 52.000 pesos mensuales (alrededor de 885 dólares estadounidenses) y aplicar la eliminación del anticipo a las pequeñas empresas, según Diario Libre. Ninguna de esas sugerencias prosperó en la votación final.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la aprobación y afirmó ante Diario Libre que las medidas responden a “la consecuencia de todos estos años de crisis”. También pidió “comedimiento” a la oposición al recordar que durante la presidencia de Leonel Fernández se aprobaron dos reformas fiscales.
Desde la comisión que estudió el proyecto, el diputado Francisco Javier Paulino dijo a Diario Libre que las medidas benefician a más del 90% de la población porque muchas disposiciones están dirigidas a los grandes contribuyentes. Desde la oposición, el diputado Rafael Castillo, vocero de Fuerza del Pueblo, cuestionó ante el mismo medio la rapidez del trámite y dijo que otras reformas estructurales no recibieron la misma urgencia.
El opositor Carlos de Pérez afirmó a Diario Libre que solo en mayo la nómina pública creció en alrededor de 3.180 millones de pesos (unos 54 millones de dólares estadounidenses) y cuestionó que la reforma termine destinada al pago de gastos corrientes como viáticos y publicidad.
