La Justicia rionegrina confirmó los cargos contra el ex presidente del Concejo Deliberante de Catriel, quien en 2025 amenazó con un arma de fuego a la intendenta de la ciudad e intimidó a funcionarios y trabajadores municipales mediante mensajes de texto.
El acusado, Alberto Alfredo Ariaudo, intentó impugnar el proceso judicial y, además, retrotraer la renuncia que presentó a su cargo tras el episodio. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación ratificó la validez de las actuaciones y rechazó los planteos de la defensa.
Además, los magistrados descartaron la posibilidad de revertir la renuncia de Ariaudo y recordaron que la dimisión fue expresada ante una jueza y con la asistencia de sus abogados defensores.
Según señalaron, la decisión fue manifestada durante una audiencia judicial y con asesoramiento profesional, por lo que no encontraron elementos que permitieran sostener la existencia de algún tipo de coacción o presión indebida.
El hecho que originó la causa ocurrió en marzo de 2025, cuando el entonces presidente del Concejo Deliberante, perteneciente al mismo espacio político que la intendenta Daniela Salzotto, ingresó al edificio municipal portando un arma de fuego que exhibió ante las cámaras de seguridad. Para la acusación, se trató de una clara maniobra de amedrentamiento agravada por el uso del arma.
De acuerdo con la investigación, el ex edil manifestó de manera violenta su desacuerdo con la conducción política de Salzotto y exigió participar en las decisiones que adoptaba el Ejecutivo municipal.
La amenaza con el arma no fue el único episodio atribuido al acusado. Horas después de los hechos, Ariaudo se presentó en una dependencia policial, donde quedó detenido.
La escalada de violencia tuvo su punto máximo luego de que la jefa comunal anunciara la presentación de un proyecto para someter a los funcionarios municipales a controles periódicos de consumo de sustancias, según informó posteriormente el secretario de Gobierno, Daniel Delgado.
En la reciente presentación rechazada por el Tribunal de Impugnación, la defensa sostuvo que Ariaudo no podía haber sido detenido sin un desafuero previo debido a su condición de presidente del Concejo Deliberante. Sin embargo, la mayoría de los jueces concluyó que esa interpretación carece de sustento constitucional.
Según el fallo, la inmunidad de los concejales alcanza únicamente a las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, pero no los exime de ser investigados por delitos comunes.
De esta manera, la resolución dejó firme tanto la formulación de cargos como las medidas probatorias obtenidas durante la investigación.
Durante la audiencia de formulación de cargos realizada en 2025, la fiscalía describió seis episodios violentos ocurridos entre el 8 y el 15 de marzo de ese año.
El primero se registró cuando Ariaudo envió un mensaje de WhatsApp al asesor técnico del municipio con el objetivo de obligarlo a renunciar. Posteriormente amenazó a la intendenta por la misma vía y también se presentó en la sede del Concejo Deliberante con un revólver, situación que quedó registrada por las cámaras de seguridad.
Además, amenazó al secretario de Prensa e intentó agredirlo físicamente. Finalmente, fue acusado de portar un arma de fuego en el patio frontal del edificio municipal frente a dos personas.
Entre los mensajes atribuidos al ex concejal y expuestos por la fiscalía figuran frases como: “Te voy a entregar a tus funcionarios en una bolsita”, “Ese va a ser boleta” y “Conmigo no te hagás el poronga porque te limpio”.
Por estos hechos, Ariaudo fue imputado por los delitos de coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal reiterada de arma de fuego de uso civil, todo ello en concurso real.
