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El Gobierno aprobó el RIGI del mayor proyecto minero del país: invertirán casi USD 10.000 millones para extraer cobre en San Juan

Juan Arrieta, gerente de Geología en Vicuña, trabaja con muestras en el campamento Batidero durante actividades de exploración de los proyectos mineros de la compañía, en Iglesia, provincia de San Juan, Argentina, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

El Gobierno aprobó este martes el ingreso del proyecto minero Vicuña, el mayor emprendimiento de la historia del sector en Argentina, con una inversión inicial de USD 9.700 millones que podría escalar hasta los USD 18.000 millones a lo largo de una década. El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

El proyecto es desarrollado por Vicuña, la sociedad conformada por la minera australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, y tiene como eje la explotación de los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en la provincia de San Juan, en el límite con Chile.

“Se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo”, escribió Caputo en la red social. El ministro subrayó que la aprobación representa “más inversión productiva, más trabajo y más crecimiento para los argentinos”.

La admisión al RIGI se da bajo la categoría PEELP (Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo), una figura que otorga beneficios impositivos y legales de largo alcance: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año, levantamiento de controles de capital a partir del tercero y estabilidad fiscal y legal por 40 años. La compañía había solicitado esa adhesión en diciembre de 2025.

“La aprobación del RIGI constituye un paso importante para acompañar el desarrollo de largo plazo de Vicuña. Más allá de las implicancias para las próximas etapas del proyecto, Vicuña ya genera hoy empleo, contratación de servicios y actividad económica en San Juan y la región”, resaltaron fuentes de la compañía frente a la aprobación del proyecto en el marco del régimen.

Producción récord y tres etapas de desarrollo

El proyecto se estructura en tres fases. La primera, con una inversión de USD 7.100 millones entre 2027 y 2030, se concentra en el depósito Josemaría con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora. La segunda etapa incorpora los recursos de óxidos de Filo del Sol para ampliar la capacidad productiva. La tercera prevé la expansión de la planta concentradora y el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol, con infraestructura estratégica que incluye una planta desalinizadora de agua y un sistema de transporte de concentrado.

Yanina Ripoll, gerente de Ambiente de Vicuña Corp., posa para una foto en el proyecto minero Josemaría, en el Departamento Iglesia, provincia de San Juan, Argentina, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

Una vez en plena operación, Vicuña proyecta una producción promedio anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata. Las exportaciones esperadas durante la fase operativa ascienden a USD 6.000 millones anuales, un monto equivalente a la totalidad de lo que exportó la industria minera argentina en 2025, cuando el sector marcó un récord de USD 6.037 millones.

En materia de empleo, la etapa de construcción demandará 12.000 puestos de trabajo directos, mientras que la fase operativa sostendrá unos 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos.

La empresa estima que el 90% de esa mano de obra será de origen local. Según fuentes cercanas a la compañía, Vicuña emplea en la actualidad a 2.615 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.421 se desempeñan en la operación argentina: 580 empleados directos y 1.841 personas a través de empresas contratistas. El 92,6% de la nómina global es de nacionalidad argentina y, entre los empleados directos, más del 81% son oriundos de San Juan.

El RIGI como condición de viabilidad

A comienzos de febrero, en un encuentro con periodistas del que participó Infobae, referentes de Vicuña fueron explícitos sobre el papel del régimen en la decisión de radicar el proyecto en Argentina. “El RIGI es crítico, sin esa herramienta no habría proyecto. Es una gran inversión y es a muy largo plazo. Y, justamente, lo que brinda la normativa es estabilidad de largo plazo para el régimen fiscal, completamente necesario para inversiones de esta magnitud”, afirmaron. Y agregaron: “Los países tienen que crear las condiciones para que las mineras quieran venir a explotar los minerales. El oro no tiene valor cuando está enterrado”.

Ron Hochstein, CEO de Vicuña, había definido al proyecto como “una oportunidad transformacional para la Argentina” y señaló que, como uno de los distritos de cobre sin desarrollar más relevantes del mundo, “tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones”. La concreción del plan, precisó entonces, dependería de una decisión final de los accionistas antes de fin de año.

Excavadora trabaja en un camino de acceso al campamento Batidero, del proyecto de cobre, plata y oro Vicuña, en Iglesia, provincia de San Juan, Argentina, el 2 de febrero de 2026. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

Actualmente, el volumen de extracción de cobre en la Argentina es marginal. Sin embargo, el país cuenta con reservas de clase mundial que la posicionan como uno de los territorios con mayor potencial en un contexto de demanda creciente del metal para la electrificación global. De hecho, se espera que el país alcance una producción de 1 millón de toneladas anuales hacia la próxima década gracias a la reactivación y desarrollo de proyectos como el de Vicuña.

La polémica del campamento chino

La aprobación del RIGI llega días después de que Vicuña protagonizara una controversia en la industria local. La adjudicación del campamento Batidero —un complejo habitacional de alta montaña destinado a albergar a miles de trabajadores— a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., desató el rechazo de sectores empresariales argentinos.

El consorcio asiático se impuso con una oferta de USD 52 millones frente a los USD 70 millones cotizados por la empresa nacional Modular Homes. La diferencia de USD 18 millones representa apenas el 0,1% del total de la inversión proyectada para Vicuña. La ventaja del proveedor extranjero se apoyó, en parte, en la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos que el propio RIGI habilita: los módulos prefabricados de acero ingresan al país sin pagar arancel.

El complejo prevé una capacidad inicial de 2.500 camas, con posibilidad de escalar hasta 6.000 plazas a medida que avance el proyecto y la demanda de mano de obra trepe hasta los 12.000 trabajadores. El debate instalado gira en torno a los costos para la industria nacional en uno de los proyectos de inversión más grandes de la historia del país.