La madrugada de este martes 16 de junio de 2026 marcará un antes y un después en la historia judicial de la República Dominicana. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una sentencia calificada como “histórica” y “ejemplar” contra la plana mayor de una red de corrupción administrativa, militar y policial que operó impunemente durante casi una década.
El entramado criminal desmantelado bajo las denominadas Operación Coral y Operación Coral 5G logró defraudar al Estado dominicano por un monto superior a los RD $4,500 millones de pesos ($76,530,612 dólares), utilizando las propias instituciones destinadas a la seguridad nacional para el enriquecimiento ilícito de sus altos mandos.
La estructura delictiva comenzó a tejerse en el año 2012, coincidiendo con el inicio de la gestión presidencial del exmandatario Danilo Medina, y se extendió de manera sistemática hasta el año 2020. Durante estos ocho años, los cabecillas de la red aprovecharon sus posiciones de absoluto poder para desviar fondos públicos de tres instituciones clave:
- El Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP)
- El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) (antiguo Cestur/Politur)
- El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), institución a la que intentaron trasladar y replicar el mismo esquema de sustracción de dinero.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el corazón del fraude financiero se basaba en la manipulación y abultamiento de las nóminas institucionales, proceso conocido popularmente en el país como el nombramiento de “empleados fantasmas” o “botellas”.
Los jefes militares buscaban a personas de bajos recursos, policías o militares de rangos menores y les hacían una propuesta atractiva: ingresarlos a la nómina del Estado con sueldos altos (de entre RD$ 40,000 y RD$ 50,000 pesos mensuales) y acceso a seguro médico para sus familias.
Una vez que la persona aceptaba y firmaba los papeles, pasaba a ser formalmente un empleado del CUSEP o CESTUR, pero con una trampa: no tenían que trabajar, cumplir horarios ni reportarse a ninguna oficina.
El verdadero negocio de la red ocurría el día de pago: el Estado depositaba el salario completo en las cuentas de estos falsos empleados, pero la condición obligatoria para mantener el beneficio era que debían retirar el dinero y devolver entre el 80% y el 90% en efectivo directamente a los cabecillas de la organización.
Este flujo millonario de dinero en efectivo era recolectado meticulosamente y posteriormente introducido en el sistema financiero regular. Para blanquear los fondos y ocultar su procedencia ilícita, la red creó empresas de maletín y adquirió:
- Lujosos bienes raíces: Como fincas, villas y residencias.
- Vehículos de alta gama.
- Fachadas religiosas: Utilizando los fondos en la iglesia de la pastora Rossy Guzmán.
El desglose de las sentencias: 20, 15 y 10 Años de prisión
El juicio de fondo, que inició formalmente el 27 de junio de 2024, culminó tras casi dos años de debates y la presentación de un abrumador arsenal de pruebas documentales y financieras por parte del Ministerio Público. Las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo emitieron un fallo contundente que condenó a 29 personas involucradas.
El tribunal impuso la pena máxima de 20 años de reclusión mayor y el pago de 400 salarios mínimos a los tres principales cerebros del entramado:
- Mayor General Adán Benoni Cáceres Silvestre: Exjefe del CUSEP y considerado el máximo líder de la estructura.
- General de la Fuerza Aérea Juan Carlos Torres Robiou: Extitular de CESTUR.
- Coronel policial Rafael Núñez de Aza: Mano derecha financiera del entramado.
El general Julio Camilo De los Santos Viola (exsubjefe del CUSEP) y la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez fueron sentenciados a 15 años de prisión, además de enfrentar cuantiosas multas en salarios mínimos.
Asimismo, se dictaron penas de 10 años de reclusión para figuras operativas clave como el general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el teniente coronel Kelman Santana Martínez, el capitán de la Armada Franklin Mata Flores, el mayor policial José Manuel Rosario Pirón y la empleada bancaria Esmeralda Ortega Polanco, quien facilitaba los movimientos financieros dentro del sistema.
El mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, cuya confesión y colaboración activa con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) desarmó por completo la coartada de la red al explicar detalladamente cómo se repartía el dinero, fue condenado a una pena reducida de cinco años.
Por otra parte, el tribunal dictó un fallo absolutorio para 6 de los encartados, entre ellos Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la pastora) y la entidad jurídica de la Iglesia Bautista Vida Eterna, al considerar que las evidencias no fueron suficientes para comprometer su responsabilidad penal directa.
El tribunal también ordenó la disolución inmediata de múltiples empresas utilizadas para el lavado de activos y fijó la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 14 de agosto de 2026.
