Este domingo 14 de junio, cuando Alexandra Bravo Cedeño salía de su casa fue interceptada por sicarios en motocicleta. La fiscal de Delitos Flagrantes y su hermana mayor, Olinda, cayeron abatidas a balazos. Bravo llevaba años al frente de investigaciones de homicidios y secuestros en Manabí.
El coronel Carlos Ortega, jefe de la Subzona Manabí de la Policía Nacional, confirmó que al menos uno de los sicarios resultó herido durante la persecución policial, y las autoridades activaron un rastreo en hospitales y clínicas de la ciudad para capturarlo. Con este doble homicidio, el distrito policial Manta-Montecristi-Jaramijó acumula 229 muertes violentas en lo que va de 2026.
El crimen de hoy no llegó solo. El 22 de mayo pasado, apenas tres semanas antes, dos funcionarios de la Fiscalía de Manta: César Velázquez y Víctor Pico Párraga, fueron asesinados a una cuadra del edificio fiscal cuando se retiraban de su jornada laboral. Ambos pertenecían a la Unidad de Antinarcóticos y Delitos Transnacionales, una de las dependencias más sensibles de la institución. En menos de un mes, tres funcionarios de la Fiscalía han sido ejecutados en la misma ciudad.
Una provincia que el Estado no ha podido recuperar
Manta es uno de los puertos más importantes del Pacífico ecuatoriano y, desde hace años, también el corazón financiero y logístico del narco. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado la define como el “business center del crimen organizado”, y los números respaldan esa caracterización sin matices.
En 2025, tanto Manabí como el distrito Manta vivieron el año más violento de su historia, con más del 90% de los asesinatos vinculados al narcotráfico según la Policía. Ecuador cerró ese año con 9.216 homicidios intencionales, un incremento del 31% respecto a 2024, y Manabí fue una de las provincias que más contribuyó a esa cifra.
La provincia lleva más de 550 días acumulados bajo estado de excepción, un régimen que la Corte Constitucional ya advirtió que no puede convertirse en respuesta rutinaria a fenómenos estructurales.
Los dueños del territorio
Detrás de la carnicería hay nombres y estructuras. Los Choneros, organización nacida en los años 90 en Chone, Manabí, bajo el mando de Jorge Bismarck Véliz España, han controlado históricamente las operaciones de narcotráfico en Manta y sus rutas marítimas. Su cúpula colapsó parcialmente cuando su máximo líder, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, fue recapturado en junio de 2025 en un búnker en Montecristi —a pocos kilómetros de Manta— y extraditado a Estados Unidos en julio del mismo año, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico, armas y conspiración.
Ese vacío desató una guerra. Los Lobos, aliados al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación y con apoyo de los grupos tácticos Los Pepes y G-200, han ido desplazando a Los Choneros en la disputa por los territorios y las rutas de la cocaína en Manabí. A ese enfrentamiento se sumó desde 2025 un tercer actor: la banda R7, detectada en Manta por la Policía, que actúa como un tercer participante en la guerra territorial. El resultado es una ciudad donde las treguas duran horas y los sicarios se contratan de otras provincias.
La base del poder narco en Manabí es financiera. El 28 de mayo de 2026, apenas dos semanas antes del asesinato de Alexandra Bravo, un tribunal condenó al entorno familiar de “Fito” en el caso Blanqueo Fito, ordenando más de USD 34 millones en multas y el decomiso de 46 inmuebles ubicados en Portoviejo, Manta, Jaramijó, Montecristi y Pichincha, además de vehículos blindados, motocicletas de alta gama, joyas y cuentas bancarias. Las investigaciones determinaron que Los Choneros, bajo la red de “Fito”, habrían lavado alrededor de USD 24 millones entre 2016 y 2024 mediante compañías de papel y empresas de fachada.
Los Lobos operaron con la misma lógica. En el operativo Gran Fénix 34, ejecutado en julio de 2025, las autoridades detectaron movimientos irregulares por más de 13 millones de dólares en cuatro empresas fachada ubicadas en Manta, Sucre, Jaramijó y Montecristi.
Una de las más representativas fue “Pez y Mar”, constituida por Génesis Mendoza, pareja sentimental del cabecilla Leonardo Briones, alias “Mexicano”, asesinado en julio de 2025 en Manta, y traspasada a un testaferro en 2023 para continuar con el blanqueo. Manta no es solo un puerto de salida de cocaína: es una lavandería con fachada de ciudad.
Otros asesinatos
Lo que ocurrió este domingo es la continuación de una secuencia que comenzó hace cuatro años y que el Estado no ha podido quebrar.
—Luz Marina Delgado (mayo 2022, Manta). La fiscal de Manabí y su asistente Jefferson Mendoza fueron asesinados a balazos mientras viajaban en un vehículo en Manta.
—Alcalde Agustín Intriago (julio 2023, Manta). El alcalde más popular de Manta, reelegido meses antes con más del 60% de los votos, fue asesinado a tiros el 23 de julio de 2023. En el ataque también murió la joven deportista Arianna Chancay.
—Marcelo Vásconez (octubre 2024, Manta). El fiscal que investigó el asesinato del alcalde Intriago fue acribillado junto a su escolta, el policía Marco Ismael Moreno, cerca de las dependencias de la Fiscalía. Vásconez había logrado que seis personas fueran condenadas a 34 años de cárcel por el caso Intriago, aunque un séptimo implicado permanecía prófugo. También había investigado el asesinato de la fiscal Luz Marina Delgado en 2022 y otros casos de crimen organizado transnacional. Lo mataron por el trabajo que había hecho, no por el que estaba haciendo.
—César Velázquez y Víctor Pico Párraga (mayo 2026, Manta). Los dos secretarios de la Unidad de Antinarcóticos y Delitos Transnacionales fueron interceptados y ejecutados a una cuadra de la Fiscalía.
Cinco nombres en cuatro años. Todos en la misma ciudad. El mensaje del narco es el mismo cada vez: quien investiga, muere.
