Ya pasaron más de tres semanas y los investigadores a cargo de la búsqueda de Axel González, el joven de 21 años que fue visto por última vez el pasado 16 de mayo en la provincia de Chaco, no encuentran rastros sobre su paradero. En ese contexto, esta semana se espera que peritos informáticos de Gendarmería Nacional abran los teléfonos celulares de los tres sospechosos detenidos: Lorena Rosario Gómez (exnovia), Sergio Ramón Gómez (hermano de la exnovia y excuñado de Axel) y Antonio Ramón Gómez (padre de la exnovia, conocido como “Kuno”). Los tres permanecen detenidos, imputados por amenazas.
Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que la búsqueda de Axel continúa activa y se desarrolla en una radio de 300 hectáreas alrededor de la zona donde se extravió Axel.
En ese sentido, desde la Policía de Chaco -única fuerza a cargo de la búsqueda- informaron que distintas unidades trabajan de manera coordinada para llevar adelante recorridas preventivas, rastrillajes, entrevistas y tareas investigativas en diferentes puntos de la provincia. Sin embargo, no se descarta la autorización para que las fuerzas federales tomen intervención en el operativo.
A su vez, el equipo especial diagramado para encabezar el operativo de búsqueda, conformado por los fiscales Noelia Encinas, Julieta Arolfo y Luciano Santos, este último especializado en Derechos Humanos, aguarda la apertura de los teléfonos celulares de los tres integrantes de la familia Gómez.
En este sentido, el expediente registra antecedentes de violencia entre la familia González y allegados a la expareja del joven, con denuncias previas por amenazas y enfrentamientos armados.
También quedaron señalados por presunto encubrimiento Leonardo Nicolás Silva, Ariel Lázaro, Antonio Omar Iñíguez y Agustín Ariel Pucheta (exboxeador acusado de desviar la investigación en perjuicio de policías de Fontana). Este último fue identificado por la fiscalía como posible responsable de crear un perfil falso en redes sociales para difundir versiones orientadas a desviar la investigación.
En medio de las investigaciones, se dieron a conocer los registros de los imputados quienes arrastran causas por narcotráfico y portación de armas. Ramón Antonio Gómez cuenta con una condena condicional por tenencia de estupefacientes. Su hijo, Sergio Ramón Gómez, también presenta antecedentes judiciales por delitos vinculados al mismo tipo de infracción.
Por su parte, Ariel Esteban Lázaro fue acusado en 2014 por lesiones, amenazas y daños. En tanto, Leonardo Nicolás Silva figura en registros policiales por hurto y daños, con ingresos documentados en los años 2014 y 2019. Por último, Antonio Omar Iñíguez enfrenta antecedentes relacionados con microtráfico, incluyendo una causa abierta en 2020 por infracción a la Ley 23.737.
El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10 millones para quienes aporten información sobre el paradero de Axel Alejandro González, en una medida oficial que busca destrabar una causa que investiga un posible delito contra la integridad física y que también abrió una línea paralela sobre una eventual intervención policial, de acuerdo con la resolución publicada el 5 de junio en el Boletín Oficial.
La recompensa será para personas que no hayan intervenido en los hechos y puedan brindar datos útiles, según la resolución oficial. El Gobierno nacional indicó además que la información puede comunicarse a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas y que la identidad de quienes colaboren será preservada.
Por otro lado, la Justicia investiga a cuatro policías que prestaban servicio en la Comisaría Segunda de Fontana en los días clave, aunque estos uniformados no figuran actualmente como detenidos, sino que fueron trasladados y están bajo análisis de sus dispositivos electrónicos.
María Inés Gómez, madre del joven, sostuvo desde el inicio que podía haber existido participación policial en la desaparición de su hijo. La sospecha se apoyó en presuntas irregularidades en los operativos, dudando de la autenticidad de pruebas encontradas. La mujer sugirió la posibilidad de que hayan plantado una ojota en un lugar donde ya habían buscado previamente.
Esa acusación derivó en una denuncia formal contra dos efectivos de la Policía del Chaco. A partir de esa presentación, la justicia provincial abrió dos investigaciones: una destinada a localizar a González y otra para determinar si hubo intervención policial en los hechos.
Las pericias descartaron que González fuera subido al patrullero o trasladado a una comisaría. Por decisión del fiscal Santos, la causa cambió de manos después de que se evaluara que no había elementos suficientes para sostener una imputación por desaparición forzada contra efectivos policiales.
