La presidenta de Costa Rica Laura Fernández reunió este jueves a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial para revisar la situación de la seguridad nacional, exponer el funcionamiento de 61 bandas en conflicto y preparar proyectos de ley con los que el Gobierno busca responder a una criminalidad que, según dijo la mandataria, ya no puede enfrentarse con normas pensadas para “otra Costa Rica”.
Uno de los datos que marcó la reunión fue el caso de una persona detenida hasta 388 veces sin que, según la presidenta, exista una causa penal formada en su contra. La mandataria también afirmó que se analizaron expedientes de liberaciones en las que el Instituto de Criminología Nacional del Ministerio de Justicia y Paz recomendó no excarcelar a personas consideradas peligrosas y, aun así, jueces de ejecución de la pena las dejaron en libertad.
La reunión se realizó en el Instituto Nacional de Seguros, en San José, y comenzó con una exposición de especialistas del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia y Paz. Según la presidenta, esos funcionarios presentaron mapas de calor de las siete provincias, fichas de los principales delincuentes de distintas estructuras y los puntos más conflictivos del territorio nacional.
La mandataria sostuvo que el objetivo fue triple: revisar con datos la realidad de la seguridad, identificar fortalezas y debilidades del Estado y escuchar de los propios funcionarios “que le ponen el pecho a las balas” cuáles son las trabas operativas y legales que dificultan la respuesta institucional. También anunció la preparación de varios paquetes de proyectos de ley para enviarlos a la Asamblea Legislativa.
El Gobierno apunta a reformas penales, penitenciarias y de coordinación entre poderes
La presidenta aseguró que, por ahora, no hay una acción específica definida en conjunto entre los tres poderes, pero sí una manifestación de voluntad para aprobar con rapidez leyes sobre ejecución de la pena, reformas al Código Penal y cambios en las reglas carcelarias para cortar la comunicación de bandas criminales encarceladas con sus miembros en libertad.
En la misma línea, el diputado del Frente Amplio José María Villalta aseguró que la reunión fue “productiva en dos sentidos” porque permitió identificar problemas concretos de coordinación entre los cuerpos policiales y el Poder Judicial, además de vacíos legales que requieren corrección. Según Villalta, uno de los ejemplos fue la ejecución eficaz de allanamientos, donde se combinan un problema presupuestario en el Ejecutivo y la necesidad de mejorar protocolos y legislación.
Villalta agregó que las fracciones expusieron sus propias agendas y que hubo coincidencias con iniciativas en marcha para sancionar mejor a las bandas criminales, desarticularlas con más rapidez, agilizar los procesos penales y mejorar el sistema penitenciario. Señaló además que su aporte específico fue impulsar una reforma para atacar el financiamiento del crimen organizado, porque eso golpea a las organizaciones “donde más les duele”.
El legislador también advirtió que persiste un obstáculo político e institucional. Según explicó, el tono de enfrentamiento permanente del Ejecutivo con el Poder Judicial no facilita el trabajo conjunto, porque una coordinación fluida exige confianza y respeto, y una reunión de tres horas no resuelve por sí sola ese problema.
La presidenta respondió además a preguntas sobre el tiempo que tardan algunos allanamientos. Afirmó que la Policía de Control de Drogas solicita diligencias y que en ocasiones pasan hasta dos meses antes de que el Organismo de Investigación Judicial pueda ejecutarlas; a su juicio, en ese lapso ya se vendió la droga, desapareció la prueba o huyeron los sospechosos.
El Gobierno prepara un proyecto para restringir comunicaciones desde máxima seguridad
La mandataria confirmó que en junio presentará un proyecto de ley para revisar a fondo cómo se comunican hacia el exterior personas de alto perfil delictivo recluidas en máxima seguridad en La Reforma. Sostuvo que hay reclusos que siguen enviando mensajes, encargos e incluso operando presupuestos de las bandas desde prisión.
Consultada sobre si la iniciativa podría incluir el registro o grabación de visitas, incluidas las de abogados, respondió que el texto aún está en construcción técnica, pero defendió revisar todas las vías de contacto. Dijo que ha visto casos de internos que reciben hasta 17 visitas por semana, una frecuencia que calificó de absurda, y afirmó que las visitas de representantes legales deben limitarse exclusivamente a asuntos vinculados con la causa penal.
La presidenta también informó que asumió personalmente la conducción de la Fuerza Élite todos los lunes a las 08:00 en el Ministerio de Seguridad Pública. Según explicó, en esas reuniones participan altos mandos policiales del Gobierno para evaluar lo ocurrido la semana anterior, definir tareas inmediatas y revisar el comportamiento de cuerpos como Guardacostas.
En ese marco, sostuvo que todos los mandos policiales de alto rango que participen en esas sesiones deben someterse a una prueba de polígrafo. Añadió que esa exigencia también alcanzará a cualquier invitado del Poder Judicial o de otro poder de la República que se incorpore a reuniones donde se comparta información confidencial sobre crimen organizado.
Crucitas consume USD 1 millón al mes en seguridad, según la presidenta
Aunque la situación de Crucitas no formó parte de la sesión de trabajo, la presidenta dijo que el problema será abordado en una visita de campo prevista para el 19 de junio junto con diputados. Describió la zona como una combinación de desastre ambiental, extracción ilegal de riqueza pública y presencia creciente de bandas de crimen organizado.
Según la mandataria, la atención de seguridad en Crucitas le cuesta al Estado USD 1 millón al mes, recursos que, afirmó, deberían destinarse a otras necesidades de la seguridad nacional. También recordó que existe una propuesta de solución en la Asamblea Legislativa desde hace aproximadamente dos años y medio.
La presidenta invitó a los legisladores a recorrer el lugar a pie para observar directamente las condiciones en que operan los policías. En su intervención, cuestionó que se rechacen soluciones desde oficinas en San José mientras los agentes trabajan en un entorno que describió como inhóspito.
Sobre la posición del Poder Judicial, la mandataria señaló que durante la reunión no hubo planteamientos vinculados con presupuesto. Añadió que los representantes judiciales manifestaron disposición para implementar coordinaciones necesarias, revisar los proyectos de ley que el Gobierno presentará el 15 de junio y sumarse a la construcción de una respuesta conjunta.
