Tras el salto de marzo, que generó alertas en el analistas, en abril el Gobierno logró recortar en $ 1 billón la deuda flotante -los pagos pisados por el Gobierno- y volvió a mínimos en la serie histórica en función al Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, el equipo económico tiene presiones fiscales en el corto plazo que podrían llegar a comprometer el objetivo de superávit fiscal que fueron alertadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la segunda revisión del acuerdo.
Según datos oficiales del Tesoro Nacional, la suma total de pagos exigibles de la administración central en abril alcanzó los $2,7 billones ($2.791.422,03 millones), mientras que en marzo la cifra se había ubicado en $4 billones ($4.044.758,20 millones). Esta disminución representa una baja de más de $1 billón en un solo mes y llevó el indicador a niveles históricamente bajos en relación al producto bruto interno. Tal como habían adelantado fuentes del Ministerio de Economía a Infobae que sucedería.
“Mucho es figurativa. Se devenga a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) todos los meses por si no le alcanza para pagar y al final nunca lo usa y queda registrada como deuda exigible”, explicó una fuente del Palacio de Hacienda a este medio. Además, señaló que el salto de marzo se debió a que coincidió con el cierre del primer trimestre, cuando vencen las cuotas de los devengados sin que alcance el tiempo o los fondos para abonarlas. “Todos los fines de trimestre se ve ese efecto”, añadió.
Un gráfico elaborado por Eco Go sobre la evolución de la deuda flotante como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) muestra que en abril la deuda flotante volvió a ubicarse en 0,3% del PIB, un nivel muy inferior al promedio histórico de 1 por ciento. La serie de datos exhibe variaciones a lo largo de los últimos años, aunque el descenso reciente llevó al indicador a uno de sus valores más bajos desde 2015. En marzo, la relación había alcanzado 0,44%, lo que implicó un aumento respecto a los meses previos, pero la tendencia retomó el descenso en abril.
De acuerdo al informe del Tesoro Nacional correspondiente a abril, la mayor parte de la deuda exigible se concentró en el rubro transferencias, que totalizó 1.023.141,73 millones de pesos. Los gastos figurativos corrientes y de capital alcanzaron $1.039.573,53 millones, mientras que los gastos figurativos para aplicaciones financieras sumaron 72.446,47 millones de pesos. El gasto en personal representó $378.534,55 millones, y los bienes y servicios, 178.207,50 millones de pesos. Otros conceptos, como bienes de uso y adquisición de títulos y valores, registraron $69.842,69 millones y $29.675,56 millones, respectivamente.
El registro de marzo había reflejado una estructura similar, aunque con montos más elevados en cada categoría. Las transferencias ascendieron a $1.759.296,10 millones y los gastos figurativos corrientes y de capital totalizaron $1.271.496,29 millones. El gasto en personal fue de $428.532,37 millones y bienes y servicios sumaron 364.924,13 millones de pesos. El total de pagos atrasados que podían exigirse en marzo superó así los $4 billones, antes de la fuerte baja observada en el mes siguiente.
La comparación entre ambos meses resalta la magnitud del ajuste realizado. El rubro transferencias mostró un descenso de más de $700.000 millones, mientras que los gastos figurativos bajaron en alrededor de 230.000 millones de pesos. Bienes y servicios también registraron una caída de aproximadamente $186.000 millones, y el gasto en personal se redujo en 50.000 millones de pesos.
“Lo que se ve en general es que el nivel de deuda flotante de este Gobierno es muy bajo, es mucho más bajo que el histórico entonces no está mostrando que esté pisando pagos. En general pagan todo lo que pueden y no se ve que tengan un problema financiero que lo están ocultando con la deuda flotante”, destacó el director de Eco Go, Sebastían Menescaldi. Además, argumentó que el salto de marzo se podría explicar por cómo se da la contabilidad fiscal, ya que muchos organismos para no perder la cuota de gasto en el presupuesto declarar gastos.
En la misma línea fue el economista de Analytica, Claudio Caprarulo, aunque en su estimación la baja de la deuda flotante entre marzo y abril fue de 0,3% a 0,2% del PIB. “En marzo llamó la atención el cambio en la tendencia porque de todas formas se mantenía lejos del límite negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sobre todo en un contexto de sostenida caída en la recaudación y la dificultad que reconoció públicamente el gobierno de profundizar el ajuste en algunas partidas”, sostuvo.
Presiones sobre el superávit
En materia de superávit fiscal, además de la evolución de la deuda flotante, la cuestión pasa por las presiones de las leyes que se aprobaron en el Congreso y que el Gobierno, hasta el momento, no cumple. Este punto fue destacado por el FMI en el último Staff Report.
En el organismo que dirige Kristalina Georgieva advierten sobre el impacto que podrían tener en la meta de resultado fiscal primario de 1,4% del PIB para este año la Ley de Emergencia en Discapacidad, que implicaría un gasto adicional de 0,15% del PIB, la Ley de Financiamiento Universitario, con un costo estimado de 0,20% del PIB, y la reforma laboral, que sumaría 0,15% del PIB.
En tanto, la entidad multilateral señaló que las autoridades argentinas se comprometieron a reducir los subsidios a la energía, mejorar la orientación de las transferencias sociales y racionalizar el gasto discrecional, tanto corriente como de capital.
También acordaron implementar medidas adicionales si los pagos de intereses de la deuda superan lo previsto, para resguardar el ancla fiscal. Entre esas medidas figuran postergar la entrada en vigencia de la reforma laboral, lo que permitiría ahorrar 0,15% del PIB; reforzar impuestos especiales, con un impacto de 0,10% del PIB; y mejorar la focalización de los subsidios al transporte, que sumaría un ahorro de 0,10% del PIB.
En línea con estos compromisos, fuentes del Gobierno confirmaron a Infobae la postergación de la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), previsto por ley para el 1º de junio. Esta decisión se tomó a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, consideraba el FAL como una herramienta clave para impulsar el desarrollo del mercado de capitales.
