Un operativo de emergencia se desplegó en la mañana del miércoles tras el hallazgo de un bolso sospechoso en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ubicada en Viamonte 1147, en el barrio porteño de San Nicolás. El hecho activó el protocolo de seguridad ante la posible presencia de un artefacto explosivo en un edificio judicial clave.
De acuerdo con la Policía de la Ciudad, efectivos del Escuadrón Antibombas, junto con la División Delitos Constitucionales y varias brigadas especializadas, intervinieron en el lugar luego de que personal de seguridad reportó que un bolso fue arrojado al interior del edificio. De inmediato, se preservó la zona, se evacuaron las instalaciones y se solicitó la intervención de las áreas técnicas para inspeccionar el objeto.
Los equipos especializados realizaron una revisión minuciosa del bolso e informaron que el contenido resultó ser una réplica de bomba aérea, sin carga explosiva ni sustancias peligrosas. Tras la inspección, las autoridades descartaron cualquier riesgo para los empleados y el público, y permitieron el restablecimiento de la actividad normal en el edificio.
La Policía de la Ciudad confirmó que la intervención incluyó la presencia de personal de Riesgos Especiales y varias brigadas de explosivos, quienes trabajaron en coordinación para asegurar el perímetro. No se registraron heridos ni daños materiales durante el procedimiento.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, cuyo titular es el doctor Sebastián Ramos, con intervención de la Secretaría N°4, a cargo del doctor Esteban Murano. El hecho fue caratulado como intimidación pública, una figura penal que contempla sanciones para quienes generen alarma social mediante amenazas falsas.
Las autoridades recordaron que la manipulación o el abandono de objetos que simulan ser explosivos constituye un delito grave y reiteraron la importancia de reportar toda situación sospechosa.
La División Delitos Constitucionales tiene como función principal la investigación de delitos que atenten contra el orden democrático y las instituciones de la Nación, tales como sedición, atentados contra el orden público y actos que impidan el libre ejercicio de los poderes del Estado.
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