En Infobae a la Tarde, la diputada Daiana Fernández Molero y Ana Cáceres, expresidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), protagonizaron un debate sobre el proyecto del Gobierno para derogar la Ley de Etiquetado Frontal sancionada en 2021.
El eje de la discusión giró en torno a la presencia obligatoria de advertencias sobre nutrientes críticos en alimentos ultraprocesados y las implicancias para la salud pública y el comercio.
El Gobierno propone eliminar los octógonos de los alimentos ultraprocesados
“Lo que quiere el Gobierno es borrar de un plumazo la Ley de Etiquetado Frontal, terminar con los octógonos”, sintetizó Maia Jastreblansky al presentar el tema. La diputada Daiana Fernández Molero, promotora de la derogación, defendió la iniciativa: “La verdad de lo que está pasando en el país y la verdad de lo que contienen los alimentos. La ley fue resultado de un amplio debate democrático […] basado en la evidencia científica libre de conflictos de interés”, señaló.
Según Fernández Molero, “cuando todo tiene sello, nada tiene sello. Se convierte en una parte del paisaje. Si yo tengo un semáforo que está permanentemente en rojo, después lo cruzo, porque ya está, no funciona el semáforo”.
Planteó que el perfil de nutrientes adoptado por Argentina —basado en la OPS— es más restrictivo que el de otros países del Mercosur, lo que “condiciona a que casi todos los productos lleven sellos, sin distinguir matices nutricionales”.
Ana Cáceres, por su parte, defendió el espíritu de la ley: “El sistema de perfil de nutrientes de OPS es el más riguroso, es el que impacta en la mayor cantidad de productos ultraprocesados. Los sellos informan, no prohíben. Es una herramienta para proteger a las infancias y a los sectores vulnerables”. Subrayó que “la ley argentina no es sólo el etiquetado, también regula la publicidad, los entornos escolares y avanza sobre las compras públicas”.
El impacto en los hábitos de consumo y la opinión pública
Durante el intercambio, se repasaron datos del Ministerio de Salud que muestran el efecto de la ley en el comportamiento de los consumidores: “El 43% de los consumidores tiene en cuenta los sellos a la hora de comprar, el 90% está de acuerdo con los sellos en los paquetes”, detalló el panel. “El 58% dejó de comprar un paquete de galletitas al ver los sellos, el 57% lo tuvo en cuenta al elegir bebidas, y el 48% en yogures”.
Cáceres reforzó el valor social de la normativa: “Los hogares más vulnerables son los que más valoran la ley, porque les permite tomar decisiones rápidas e informadas en la góndola. Los adultos mayores también se benefician, porque ya no necesitan leer la letra chica: el octógono les indica claramente qué nutrientes pueden afectar su salud”.
Fernández Molero, en cambio, cuestionó la utilidad real de los sellos: “No informa mejor al consumidor. Elegimos un perfil de nutrientes basado en la OPS que es muy distinto al de Chile, Brasil y Uruguay, y que termina generando que casi todos los productos tengan sellos. No hay incentivos para que la industria reformule sus productos, y además se dificulta la exportación porque cada país del Mercosur tiene un sistema distinto”.
El dilema entre salud pública y armonización comercial
El debate abordó el trasfondo regional y las presiones del comercio internacional. “En el Mercosur se está discutiendo una posible armonización del sistema de etiquetado”, explicó Fernández Molero. “Argentina quedó atada por ley a un perfil de nutrientes muy rígido, lo que nos resta capacidad de adaptarnos y negociar con otros países. Si queremos vender alimentos al mundo, necesitamos un sistema que nos permita dialogar”.
Cáceres respondió: “No estamos en contra de la armonización, siempre que no implique un retroceso en la protección de la salud. Si los estándares bajan, perdemos una herramienta que es modelo en la región y que costó años de debate y consenso”.
La polémica alcanzó incluso a la definición de qué es un alimento ultraprocesado y cómo debe informarse al consumidor. “No es lo mismo comparar almendras con papas fritas”, remarcó Cáceres, mientras Fernández Molero insistió en la necesidad de revisar los parámetros: “Las grasas y las calorías no deben ser demonizadas, son necesarias en la alimentación. El sistema actual no distingue entre diferentes calidades nutricionales”.
Ambas coincidieron en que la ley es perfectible, pero mientras una defiende su mejora, la otra impulsa la derogación como camino hacia un nuevo marco normativo. El Gobierno espera que el Congreso trate la propuesta en las próximas semanas.
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