La imagen de un caracol marino suele asociarse con playas, artesanías y gastronomía. Sin embargo, detrás de esas conchas que muchas veces terminan como adornos existe una creciente preocupación ambiental.
El Gobierno de Panamá decidió imponer una nueva veda nacional de 10 años para varios grupos de caracoles marinos, luego de que estudios científicos advirtieran una disminución sostenida de sus poblaciones en ambas costas del país.
La medida fue adoptada mediante una resolución de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) publicada en Gaceta Oficial y afecta a diversas especies pertenecientes a la familia Strombidae, conocidas popularmente como cambutes, caracoles reina y otros moluscos marinos de alto valor comercial.
Durante una década quedará prohibida su extracción, captura, transporte, posesión, comercialización, exportación y procesamiento, incluyendo la venta de sus conchas.
Una de las primeras dudas que surgen es si la prohibición alcanza a todos los caracoles marinos. La respuesta es no. La resolución se limita únicamente a determinados géneros de la familia Strombidae, entre ellos Aliger, Lobatus, Strombus, Persististrombus, Titanostrombus y Macrostrombus. Otros tipos de caracoles marinos no incluidos en estos grupos no forman parte de la nueva veda.
La decisión tampoco surgió de manera repentina. Panamá ya había establecido en 2021 una veda de cinco años para algunas de estas especies. Sin embargo, los estudios más recientes concluyeron que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para revertir el deterioro de las poblaciones silvestres. Por esa razón, las autoridades decidieron ampliar las restricciones y extenderlas por otros 10 años.
¿Qué está pasando con estos caracoles? Los informes citados por la ARAP apuntan principalmente a la sobreexplotación. Durante décadas han sido capturados para consumo humano, comercialización de su carne y venta de sus conchas como artículos decorativos o souvenirs.
El problema es que muchas especies tienen un crecimiento relativamente lento y necesitan varios años para alcanzar la madurez reproductiva. Cuando son extraídas antes de reproducirse, la recuperación de las poblaciones se vuelve cada vez más difícil.
Los datos recopilados por investigadores reflejan un panorama preocupante. En el Caribe panameño, evaluaciones realizadas en Bocas del Toro, Colón y Guna Yala encontraron densidades poblacionales muy bajas del caracol reina (Aliger gigas). En muchos casos predominaban ejemplares juveniles y era escasa la presencia de adultos capaces de reproducirse.
La situación también preocupa en el Pacífico. Estudios desarrollados en el Parque Nacional Coiba concluyeron que especies como Titanostrombus galeatus han sido sometidas a una intensa explotación por pescadores artesanales y buceadores.
Los investigadores advirtieron que las densidades poblacionales continúan siendo bajas y recomendaron limitar las capturas para proteger las áreas donde aún sobreviven poblaciones reproductivas.
Incluso existen evidencias de cambios biológicos provocados por siglos de extracción. Una investigación citada por la ARAP señala que el llamado caracol luchador en Bocas del Toro ha reducido progresivamente su tamaño corporal debido a la presión ejercida por la recolección humana.
Según el estudio, el tamaño promedio y la cantidad de carne aprovechable por individuo se redujeron en más de un tercio desde que comenzó su explotación.
Más allá de su valor económico, estos organismos cumplen funciones ecológicas importantes. Los caracoles marinos participan en el equilibrio de los ecosistemas costeros al alimentarse de algas y materia orgánica, contribuyendo a mantener saludables los fondos marinos y los arrecifes.
La Ley 304 de 2022 reconoce que la extracción excesiva de estas especies puede alterar el funcionamiento natural de los ecosistemas donde habitan.
Uno de los casos más sensibles es el del caracol reina, una especie protegida internacionalmente e incluida desde 1992 en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Organismos internacionales han advertido sobre la necesidad de reforzar las medidas de conservación debido a la disminución de sus poblaciones y a la persistencia de amenazas relacionadas con la sobrepesca y el comercio no sostenible.
La resolución establece una única excepción: la captura para fines científicos. Universidades, centros de investigación y especialistas podrán solicitar permisos para extraer cantidades limitadas de ejemplares destinados a estudios autorizados. Paralelamente, la ARAP anunció programas de monitoreo, investigación, educación y fiscalización para evaluar la evolución de las poblaciones durante el período de veda.
Para las autoridades, el objetivo final es evitar que especies emblemáticas de los mares panameños continúen desapareciendo. La apuesta es que una década sin presión comercial permita recuperar poblaciones que hoy muestran señales de agotamiento y asegurar que estos moluscos sigan formando parte del patrimonio natural del país para las próximas generaciones.
