El engaño y la falsificación de documentos para apropiarse de una finca que pertenecía a siete adultos mayores fue suficiente para que una abogada de nacionalidad panameña fuera condenada a 12 años de prisión.
La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de Chiriquí, logró probar en un juicio oral la responsabilidad penal de la imputada con los delitos de estafa y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos públicos.
Un vez concluida la pena principal a la condenada igualmente se le inhabilitó para ejercer la profesión de abogada por cinco años, además de la restitución de las propiedades a las víctimas.
Para lograr la pena la Fiscalía mostró al menos 50 pruebas, entre testimoniales, periciales, documentales y materiales, lo que permitió que el Tribunal de Juicio emitirá de manera unánime el fallo condenatorio.
La causa penal está relacionada con hechos acaecidos en la comunidad de Bongo, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, cuando mediante engaño y la falsificación de documentos la abogada hoy condenada logró apropiarse de la finca.
Por otro lado, las autoridades llevaron ante el Tribunal de Garantías a un hombre de 34 años de edad a quien se le legalizó su aprehensión, la imputación por el delito de violencia de género y la aplicación de la medida cautelar de detención provisional, por su vinculación al delito de violencia de género en perjuicio de dos mujeres.
Sobre el caso, el Ministerio Público indicó que los hechos ocurrieron de forma reiterada los días 18, 23, 25 de marzo y el 7 de abril del año en curso.
Durante ese tiempo el sujeto, que laboraba como agente de seguridad en un colegio privado, ubicado en el corregimiento Rufina Alfaro, enviaba mensajes de amenazas a las víctimas quienes brindaban el servicio de colegial en el mismo centro educativo.
El imputado, de acuerdo con el informe judicial, las humillaba diciéndoles palabras soeces y les advertía que las golpearía e incluso les envió un mensaje diciendo “las quiero muertas”.
Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público sustentó la solicitud de detención provisional basándose en los riesgos procesales existentes, tales como el peligro que representa el imputado para las víctimas, el riesgo de afectación de los medios de prueba y la naturaleza grave del delito.
La Procuraduría General de la Nación, mediante su Fiscalía Regional, en colaboración con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial, Dirección de Inteligencia Policial y Servicio Nacional de Fronteras, también desarrolló la operación, Barú, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.
Esta permitió la aprehensión de dos personas, la incautación de más de 100 envoltorios de sustancias ilícitas, equipos tecnológicos (13 celulares, dos router) así como también indicios presuntamente relacionados con delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto de vehículos.
Según la información oficial, las diligencias se llevaron a cabo en la cárcel pública de la capital chiricana, David, dentro de dos celdas.
Además, en los distritos de Barú, Bugaba y Alanje se recuperaron 27 tarjetas Sim, pesa digital y documentos que pudieran estar vinculados también con la causa penal.
Las investigaciones establecen que las víctimas eran contactadas por los presuntos agresores y mediante diferentes estrategias delincuenciales se apropiaban de sus automóviles.
A través de esta operación, la Fiscalía informó que espera poder establecer, con los indicios con que se cuentan, si existen algunas otras personas más vinculadas en esta investigación.
