El ministro de Economía, Luis Caputo, está convencido de que la Ley de Inocencia Fiscal no presenta riesgos para los contribuyentes que saquen los dólares del colchón incluso ante un eventual cambio de gestión en el 2027. Pese a ello, sigue de cerca que muchos contadores tienen reparos sobre la redacción de la norma y es por eso que el próximo jueves mantendrá una reunión con varios de ellos.
Aunque aún no trascendieron los nombres que irán al Palacio de Hacienda, es posible que se incluya a varios de los que tiene más presencia en las redes, por ejemplo. En el encuentro, los tributaristas también esperan plantear la problemática de las multas automáticas, según confió uno de los convocados que pidió off the record.
“Inocencia Fiscal es un proceso porque hoy hay un montón de gente que tiene dudas. Una son las dudas que plantean los contadores mismos, que les adelanto, vamos a tener una reunión con los contadores el jueves para ver cuáles son las cosas que eventualmente ellos ven que pueden mejorarse“, afirmó Caputo en una entrevista reciente con Economía de quincho.
Desde hace meses los contadores alertan sobre los riesgos que corren los contribuyentes que saquen los dólares del colchón ante un eventual cambio de gestión en el 2027. Según pudo saber Infobae, de la reunión participarían varios contadores, algunos de ellos del interior del país vía videollamada. Uno de los temas centrales que se planteará en la reunión será la definición de los ingresos anuales para el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), en particular la necesidad de especificar qué comprende el límite de hasta $ 1.000 millones. Es que los especialistas aguardan la publicación de un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) que, aunque ya redactado, aún no se publicó oficialmente. Otra de las inquietudes que tienen los contadores es cómo se computa las diferencias de cambios, la discrepancia significativa.
La promesa incumplida
Otro de los puntos que los contadores quieren poner sobre sobre la mesa serán las multas automáticas aunque hay que ver si Economía hace lugar a los planteos.
Durante la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, se estableció un incremento del 100.000% en las sanciones por incumplimientos formales, penalizando incluso demoras de un solo día en la presentación ante el fisco nacional. Las sanciones que antes eran de $200 para personas humanas y $400 para personas jurídicas pasaron a ser de $220.000 y $440.000 respectivamente.
Durante el tratamiento de la Ley, los contadores manifestaron los riesgos y el costo que este cambio implicaba sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Lo que fue expuesto en su momento por el diputado de Unión por la Patria (UP), Guillermo Michel, para que se introduzcan cambios y no tener que repararlo luego con otra Ley y fue ignorado por el oficialismo que tenía apuro en que se apruebe a cualquier costo.
Luego de que el proyecto obtuvo la otra media sanción en el Senado, fue el propio Caputo quien reconoció el impacto negativo de la medida y prometió, a través de la red social X, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) enviaría un recordatorio antes de aplicar las multas. “Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido: en cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada, vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles. Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa”, escribió el ministro en diciembre. No terminó sucediendo.
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que la publicación de la instrucción generó una fuerte confusión en el sector tributario. “Salió la instrucción y se generó una confusión porque el ministro había dicho una cosa y las instrucciones decían otra”, expresó. Esto se debe a que el fisco carece de facultades para graduar las multas o establecer diferentes valores según cada caso, y la instrucción se encuadra en esa limitación. En este marco, el organismo definió segmentar los plazos de espera para el pago de la multa en días corridos.
Para la gerente de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal provocó una actualización inédita en los montos de las multas formales. El salto representó un incremento del 100.000%, dado lo bajos que eran los montos originales, y alteró por completo el impacto económico del régimen sancionatorio. Girardi indicó que para pequeños contribuyentes, tanto personas humanas como jurídicas, una multa automática puede representar un monto económicamente considerable frente a incumplimientos meramente formales u ocasionales.
Girardi remarcó que la implementación concreta se apartó de lo que el propio ministro prometió. “En la práctica, lo que está ocurriendo no se condice con lo anunciado. En el mejor de los casos, la multa podrá reducirse hasta un 50% si se cumplen determinados requisitos como abonarla dentro de un plazo determinado de días, pero no existe una verdadera graduación en función de los días de atraso ni una instancia de análisis individual del caso concreto”. Así, aun aplicando la reducción máxima, los montos finales resultan de $110.000 para personas humanas y $220.000 para personas jurídicas, cifras que se mantienen muy alejadas de los valores históricos que regían antes de la reforma.
La controversia por la magnitud de las sanciones automáticas mantiene en vilo a los profesionales y a sus clientes. En este contexto, el ministro Caputo mantendrá una reunión el jueves con contadores en donde se buscara una solución aunque la única posible es que se envié otra Ley al Congreso. En la misma también se pondrá sobre la mesa los puntos débiles de Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), que la semana festejo que la adhesión de 80.000 contribuyentes en un universo de más de un millón a menos de un mes del vencimiento.
