Quebró Aires Del Sur (ADS), la fabricante de equipos de aire acondicionado con las marcas Electra y Fedders. El final de la compañía, oficializado este martes tras su publicación en el Boletín Oficial, se produce en un contexto de transformaciones drásticas para el régimen de promoción que durante décadas sostuvo la producción electrónica y de línea blanca en la de Tierra del Fuego. La empresa atravesaba una crisis “estructural”, marcada por “un modelo de financiamiento comercial deficitario, agravado por las condiciones del mercado desde fines de 2023”.
La decisión fue requerida por el propio directorio de ADS, presidido por Roberto Ángel Ceretti, quien asumió en noviembre de 2025 y presentó la solicitud de quiebra en febrero de este año. En su presentación judicial, el empresario describió que la empresa estaba bajo un “estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible”.
Alrededor de 140 trabajadores fueron desvinculados en febrero, luego del pedido de quiebra presentado por la propia compañía y en medio de los reclamos laborales conducidos por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quienes exigieron el pago de salarios y la definición sobre el futuro de la planta en Río Grande.
El intento por salvarse
La empresa intentó revertir su crítica situación financiera con un plan de continuidad que fracasó de manera definitiva, según la documentación a la que accedió Infobae. La propia compañía puso a disposición de la Justicia sus activos: la planta de Tierra del Fuego, que cuenta con una tasación del Banco Nación superior a USD 15 millones y, adicionalmente, se importaron 4.000 kits para la fabricación de equipos, cuyo valor potencial como producto terminado asciende a unos USD 2 millones.
El directorio sostuvo en su presentación ante el juzgado que “el costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos”, con tasas de financiamiento local de 25% a 30% anual, mientras que los márgenes de utilidad post-impuestos solo alcanzaban entre 10% y 15%. El modelo de autofinanciación basado en preventa y descuento de cheques llevó a una acumulación de deudas insostenible.
En busca de una salida, la compañía negoció desde noviembre del año pasado con Chigo Group, fabricante chino de aires acondicionados, planteando la venta total o parcial de la empresa y la inyección de un mínimo de USD 5 millones para capital de trabajo. El plan contemplaba además reemplazar el esquema de financiamiento local por crédito de proveedor a 150 días y reactivar la planta con envíos chinos de entre 7.000 y 14.000 kits mensuales.
Sin embargo, la contraparte postergó avances hasta realizar una visita y nuevas evaluaciones, lo que, según la administración de ADS, resultó “incompatible” con el estado financiero crítico.
Al mismo momento, la empresa presentó un plan de Continuidad Productiva Controlada para terminar los kits ya importados y destinar el producido a cubrir una deuda aproximada de USD 500.000 con proveedores, los salarios pendientes y un fondo indemnizatorio, bajo supervisión judicial. El tribunal negó la autorización el 19 de febrero, con lo cual se cerró la última vía de salvataje.
Según reconstruyó Infobae, en base a testimonios de proveedores que solicitaron reserva de identidad, hasta noviembre pasado la propiedad de ADS correspondía a Juan Pablo y Juan Ignacio Guaita. Estas fuentes sostuvieron: “Pusieron gente que no existe, adrede para quebrar la empresa. Por eso nos hicieron trabajar en doble turno para llevarse los equipos y venderlos”, lo que alimenta sospechas sobre maniobras para viabilizar la quiebra. No obstante, la versión presentada judicialmente por la última administración de la firma atribuyó la insolvencia a un “modelo de financiamiento comercial deficitario”, agravado desde finales de 2023 por las condiciones adversas del mercado.
Los límites del régimen fueguino
La crisis de ADS ocurre en medio del proceso de redefinición del régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, sistema vigente desde 1972. Recientemente, el Banco Mundial calificó este mecanismo en su reporte “Panorama económico de América Latina y el Caribe” como “un caso de política industrial fallida, empañada por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas”.
La magnitud del “costo fiscal” de los incentivos a las empresas instaladas en Río Grande se refleja en el cálculo más reciente de la organización Fundar, citado por el Banco Mundial: USD 1.070 millones anuales hasta 2023, cifra que evidencia la gravitación presupuestaria del régimen sobre la economía nacional. La eliminación de aranceles a la importación de celulares dispuesta en mayo del año pasado por el gobierno de Javier Milei, a iniciativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, profundizó las presiones competitivas sobre la producción local.
