El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prepara un proyecto de ley para otorgar un marco normativo a los trabajadores de aplicaciones en el territorio bonaerense. La iniciativa va en sintonía con la presentada por el diputado nacional Hugo Moyano (h) semanas atrás y busca que las empresas se hagan cargo del pago de los seguros de los vehículos, presenten un registro de sus trabajadores y demás responsabilidades. La autoridad de aplicación será el ministerio de Trabajo bonaerense aunque aclaran que es para garantizar acceso a seguridad, salud y servicios”, aunque “con un enfoque no punitivo”.
Kicillof había adelantado el envío de un proyecto de estas características cuando abrió las sesiones ordinarias a principios de marzo. Ahora, casi tres meses después, la iniciativa se encuentra en su etapa de revisión final antes de que el Ejecutivo lo gire a la Legislatura bonaerense.
“Hoy en día, estas empresas de aplicaciones no plantean absolutamente nada. Hay una ausencia total del registro de trabajadores. Nosotros lo que exigimos es el cumplimiento de este registro por parte de las empresas”, planteó este lunes el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa.
Entre los distintos puntos, lo que busca la iniciativa es generar un registro de trabajadores, que las empresas de aplicaciones -en el caso de las de delivery- cubran los seguros y coberturas médicas de sus trabajadores en caso de siniestralidad. También propone dotar de botones antipánico a los trabajadores para utilizar en situaciones de emergencia, ya sea en caso de accidente o de inseguridad. Se contempla que esos dispositivos den alerta inmediata tanto al ministerio de Salud como de Seguridad.
Otro punto a atender son las llamadas tiendas de abastecimiento de dichas aplicaciones. Correa adelantó que el proyecto plantea fortalecer los controles de parte de su cartera ministerial en centros de distribución y almacenamiento. Buscan darle con georreferenciación de puntos y así asegurar “condiciones dignas tanto para trabajadores internos como para repartidores”.
“No tenemos datos específicos ni fehacientes. La idea es que desde el Ministerio de Trabajo, obviamente con la plataforma de nuestro gobierno provincial, interactuemos para tener ese banco de datos y generar un montón de políticas estratégicas a favor de los trabajadores y las trabajadoras”, remarcó Correa en el marco de las conferencias de prensa que encabeza todos los lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Este lunes lo escoltaron Correa y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.
La semana pasada, Correa participó de la presentación de un proyecto de ley de similares características al que promoverá para el territorio bonaerense. Se trata de la iniciativa con impacto nacional que impulsó el diputado del peronismo Hugo Moyano (h), y tiene la firma de los diputados Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Hugo Yasky, Juan Marino y Sabrina Selva.
Esa iniciativa, cuya presentación oficial fue en la Casa de la Provincia, establece un régimen especial que reconoce la existencia de una relación laboral entre quienes trabajan a través de plataformas digitales y los administradores de esas plataformas, fijando derechos, obligaciones y estándares diferenciados para la protección de trabajadores en un sector caracterizado por la precarización y la gestión algorítmica.
Así como lo planteó Correa este lunes para el proyecto de aplicación al territorio bonaerense, la normativa responde a desarrollos internacionales, fallos judiciales y la necesidad de superar vacíos legales ante tecnologías que alteran la naturaleza tradicional del vínculo laboral, garantizando transparencia, equidad salarial, seguridad, acceso a información y libertad sindical.
El texto que lleva la firma de Moyano presume la existencia de un contrato de trabajo entre trabajador y administrador de plataformas digitales, más allá del nombre o modalidad contractual adoptada.
Requiere transparencia en algoritmos, sistemas de asignación y métricas, así como derecho del trabajador a recibir explicaciones escritas y revisión humana de decisiones automatizadas relevantes.
También establece remuneración mínima garantizada, estándares de jornada laboral flexibles bajo límites legales, equipamiento provisto por la plataforma y protección ante represalias por rechazar tareas. Impone obligaciones estrictas sobre datos personales, reputación digital, uso de geolocalización dentro de la jornada y prohibición de tratamiento de información sensible sin motivo legal justificado.
Hay un punto atendible, que en el Ejecutivo reconocen y es que la ley de Reforma Laboral quita el poder de policía a las Provincias para la aplicación de una iniciativa de estas características. “Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una Constitución. Tenemos el artículo 39 que salvaguarda los intereses y derechos de los trabajadores. Así que ante la deserción y la expulsión de esa concepción de trabajador del Gobierno Nacional en esta pseudomoderización laboral, la provincia de Buenos Aires, conforme a las recomendaciones de OIT, hace lo que corresponde en términos de derechos de los trabajadores y las trabajadoras por medio de plataformas”, remarcó el ministro de Trabajo de Kicillof para plantear que el estado provincial sí puede intervenir en relaciones contractuales de este tipo.
No es la primera vez que el peronismo busca interceder en la dinámica de las aplicaciones y sus trabajadores. En 2023 fue el entonces senador provincial por el peronismo, Omar Plaini, quien había empujado un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las apps de delivery. Logró que pase el Senado, pero se trabó en Diputados.
Ahora, el Ejecutivo aguarda que la Legislatura provincial termine de conformar las comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados de la provincia para elevar la iniciativa. La reciente conformación de las comisiones en el Senado determinó que la comisión de Trabajo y Legislación Social-una de las cuales en las que indefectiblemente se discutirá el tema- quede bajo control del kirchnerismo, bajo la figura de la senadora María Rosa Martínez, que retiene la presidencia de dicho ámbito.
