Las cárceles uruguayas tienen un lugar “incómodo” en la conversación pública, según definió la viceministra de Interior, Gabriela Valverde. Son “demasiado relevantes” en un país con la mayor tasa de prisionalización de la región y también “complejas” para abordar el tema con profundidad. Pero la realidad se volvió porfiada: los penales tienen “una forma bastante persistente de reclamar atención”.
El sistema carcelario uruguayo desde hace tiempo está en tensión porque aumenta de manera sostenida la población privada de libertad y a esto se le suman los perfiles de los presos, que algunos casos de alto riesgo. Según explicó la jerarca días atrás en una comisión del Parlamento uruguayo, hay un cambio en el mapa de la criminalidad de Uruguay y eso repercute en la violencia.
“Las organizaciones criminales no desaparecen por el solo hecho del encierro; muchas veces, allí mismo se reorganizan, sostienen vínculos y proyectan poder hacia los territorios. Sería imprudente subestimar esta capacidad”, explicó la jerarca.
Ante esta situación, el gobierno proyecta crear dos cárceles de máxima seguridad y módulos especiales para agresores sexuales, condenados por violencia doméstica y para varones primarios que tienen penas menores.
Una radiografía de las cárceles uruguayas
La cantidad de presos en Uruguay crece desde hace 25 años.
La tasa es de 480 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, lo que significa la mayor tasa de prisionalización del continente sudamericano y una de las diez primeras tasas a nivel del ranking mundial. Así lo informó Ana Juanche, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el organismo que gestiona las cárceles.
El sistema carcelario uruguayo tiene, además, una “importante rotación”. En 2025, fueron 10.691 las personas que egresaron, lo que equivale a un promedio de 31 liberados por día. Pero siempre son más los que ingresan y la cantidad de presos es cercana a 16.800.
La población de las cárceles es fundamentalmente masculina: el 91% son hombres y el restante 9% mujeres.
En las cárceles hay grupos “especialmente vulnerables”, como los definió Juanche. Por ejemplo, hay 64 niños que viven en los penales. Esto es porque 63 mujeres están con ellos allí (una mamá tiene dos niños). Además, hay tres mujeres embarazadas.
Un problema que tienen las cárceles uruguayas es el hacinamiento crítico. Un conjunto importante de unidades registran un nivel superior al 120%, el límite para que se considere que hay superpoblación según los estándares internacionales.
“Hay un conjunto importante de unidades que superan la barrera del 120% y algunas en niveles bastante alarmantes”, describió Juanche en el Parlamento.
La cárcel de Colonia tiene, por ejemplo, un nivel de hacinamiento superior al 200%. Esto quiere decir que cada 100 plazas, hay 200 presos. Un nivel cercano a ese valor tiene la cárcel de Rocha, en el este del país. Existen unidades por encima del 180%, como las de Durazno, Maldonado y Rivera.
Las nuevas unidades
Uruguay tiene distintos modelos de cárceles. Hay un régimen de mínima seguridad, que funcionan con chacras, y también están los mega establecimientos, como el Comcar, una de los centros penitenciarios más peligrosos de Uruguay que tiene más de 5.000 presos. Allí “todo está colapsado”, según las palabras de la jerarca.
En el Penal de Libertad, otro de los complejos más grandes, se definió establecer una unidad especializada en “ofensores sexuales”, informó Juanche. Allí funcionará un programa estandarizado de alta intensidad para tratar de riesgo de agresión sexual asociado a otros riesgos criminógenos. La capacidad es para 460 personas.
Otra unidad que se estrenará allí será una dedicada a “ofensores de género”, pensada para personas imputadas y condenadas por delitos de violencia doméstica y violencia basada en género.
Un tercer nuevo módulo está pensado para varones primarios que tengan penas breves, de menos de tres años.
Además, hay otros planes anunciados.
Por ejemplo, está en curso una licitación para construir un sector femenino en la cárcel de Durazno, en el centro del país, que funcionará en régimen de chacra, junto con otras construcciones y refacciones que están en curso.
Juanche también se refirió a las dos cárceles de máxima seguridad, algo que fue anunciado por el presidente Yamandú Orsi en su discurso del 2 de marzo. Estas unidades están pensadas para personas “de alto riesgo para la seguridad pública” y alojarán a quienes hayan sido imputados o condenados por delitos relacionados al crimen organizado.
“Esto exige un nivel más al de máxima seguridad que tiene el país, puesto que esta ya es una realidad que ha asolado a nuestra sociedad”, dijo la directora.
