El Gobierno anunció la publicación de los pliegos de la licitación para la venta del 90% de las acciones de AySA que actualmente están bajo control estatal. La medida, comunicada por el ministro de Economía en su cuenta de X, Luis Caputo, habilita la incorporación de un operador privado que, según el funcionario, contará con la capacidad técnica, financiera y operativa para liderar la expansión y optimización de la red de servicios de agua potable y saneamiento en el país.
La decisión fue informada oficialmente por Caputo que detalló que los documentos licitatorios aparecerán en el Boletín Oficial del viernes. El proceso apunta a transferir la mayoría accionaria de la empresa a manos privadas, mientras el Estado Nacional retendría un 10% de participación. La iniciativa se enmarca en la estrategia gubernamental de limitar la intervención estatal en empresas públicas que, de acuerdo con el Ejecutivo, funcionaban como instrumentos de financiación política.
AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA y 26 partidos del conurbano bonaerense. Según información de la empresa, a mediados de 2025, la cobertura superó el 85% en agua potable y el 70% en cloacas.
“Lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos, no necesariamente agua y saneamientos, pero sí de servicios”, indicó una fuente al tanto de la operación. Se trata de un punto que delimitará quiénes podrían realizar ofertas para quedarse con la concesión de AySA.
Los dólares que busca Caputo
Con el pase de AySA a manos privadas en el Ministerio de Economía proyectan conseguir USD 500 millones que ayudarán al pago de los vencimientos en moneda extranjera de los próximos meses. Sin embargo, según explicaron fuentes al tanto de la operación, no llegarían con los tiempos para el compromiso de julio por USD 4.200 millones.
“En estos días debería salir la licitación y unos tres meses llevaría el proceso porque la empresa que se presente tiene que demostrar la solvencia económica, las capacidades técnicas y después se hace la oferta. Para mitad de año, segundo semestre, podría estar el nombre de quien se quedaría con la concesión de AySA”, explicó una fuente a Infobae. El cronograma indica que la adjudicación podría conocerse recién en el segundo semestre, dado que, hasta que no se publique el contrato y el pliego con las condiciones definitivas, no se formalizarán ofertas.
Según el titular del Palacio de Hacienda, la llegada de un nuevo socio privado busca impulsar inversiones que permitan expandir la red de agua y mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios. El funcionario sostuvo que la presencia de un operador estratégico aportará recursos y experiencia para encarar proyectos de infraestructura que el Estado no priorizaba.
Al justificar la decisión, el ministro subrayó que el Estado dejará de utilizar empresas públicas como “cajas políticas” y pasará a concentrarse en la elaboración de reglas claras, la promoción de la competencia y la generación de condiciones favorables para la inversión. En el mismo sentido, en la publicación Caputo remarcó: “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”.
Definición de la tarifa
Un factor clave es cómo se va a definir la tarifa una vez que la empresa se encuentre en manos privadas. Recientemente, se estableció que como máximo la factura puede aumentar hasta un 3% mensual de mayo a agosto para ayudar a la desaceleración de la inflación tras el 3,4% que marcó en marzo.
Desde abril de 2024, AySA tiene vigente una fórmula polinómica para la actualización mensual de tarifas, aprobada por la Resolución 09/2024 de la Secretaría de Obras Públicas. Dicha fórmula toma en cuenta los salarios, los precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero durante 2025, el Ministerio de Economía dispuso que los aumentos no superaran el 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario de 21% a diciembre de ese año. Por lo que, a posteriori, una nueva resolución permitió aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril del 2026. Pero como la inflación continuó en alza, el atraso no se recuperó.
Pese a ello, por medio de la Resolución ERAS N° 14/26 y a los fines de ayudar a la desaceleración de la inflación a partir de abril, se fijó que el incremento mensual efectivo desde mayo hasta agosto de 2026 no podrá superar el 3% en cada mes, siempre que la fórmula de actualización no arroje un valor menor. La medida responde al pedido de la concesionaria, que informó un déficit proyectado de $205.000 millones y la necesidad de continuar con el proceso de convergencia tarifaria.
“Las tarifas siempre tienen que estar aprobadas por el ente regulador. En el primer ciclo, que comienza en 2027, se va a seguir con el mecanismo de actualización que está vigente con la fórmula polinómica. Pero cuando se cumplan los cinco años y se tenga que armar un nuevo plan de acción, donde se presentes las obras, inversiones y gastos, se hará una nueva propuesta tarifaria que la va a tener que aprobar el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)”, comentó una fuente al corriente de la operación.
