Solange Funes, de 21 años, fue condenada a tres años de prisión efectiva por su participación en una red de narcotráfico que operó en los barrios Tablada y República de la Sexta de Rosario cuando ella tenía 16 años.
El Tribunal Oral Federal N° 3, integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrer, aplicó el mínimo legal por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por el uso de violencia y la intervención organizada de tres o más personas. A la pena de prisión se añadió una multa de 4.050.000 pesos.
La historia de Solange comienza mucho antes de esa causa federal. El 11 de marzo de 2016, su madre, Mariela Miranda, fue asesinada de un balazo por la espalda en la puerta de su casa de Ayacucho y Uriburu. La niña tenía entonces 11 años. Ese crimen desató una guerra en la zona sur de Rosario: la familia Funes, aliada por entonces al clan Ungaro y enfrentada a los descendientes del asesinado jefe de la barra de Newell’s, Roberto “Pimpi” Caminos, terminó con tres integrantes ejecutados. Además de Mariela, perdieron la vida a tiros sus hijos Ulises y Jonatan “Bam Bam” Funes. El padre fue detenido. Dos hermanos más, Alan y Lautaro, también terminaron presos.
Fue precisamente el celular de Solange el que abrió la puerta a la investigación federal. Cuando los agentes desbarataron la organización en octubre de 2021, las conversaciones almacenadas en ese teléfono permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la banda y acreditar la participación activa de la entonces adolescente en las actividades de venta. En el domicilio donde fue detenida se secuestraron numerosos envoltorios de cocaína y marihuana.
Los demás acusados de la misma red fueron condenados en un acuerdo abreviado de junio de 2024. Alan Funes recibió 12 años de prisión como organizador en esa causa. Jorgelina Selerpe, Valentino Barjacoba, Lucas Salvarezza, Miriam Rojas y Elías Salazar obtuvieron penas de entre 4 y 8 años.
El expediente de Solange quedó separado por su condición de menor al momento de los hechos, lo que la sometió al régimen penal juvenil. En marzo de 2025 se declaró su responsabilidad penal; quedaba pendiente resolver si correspondía imponer una pena o prescindir de ella.
Ese debate llegó a una audiencia celebrada en abril de este año. Según informó el medio regional La Capital, el fiscal federal Federico Reynares Solari argumentó que la pena era necesaria porque Solange acumuló una nueva acusación provincial: la de haber coordinado los incendios de vehículos ocurridos entre abril y mayo de 2024 en distintos puntos de la ciudad, interpretados como mensajes mafiosos para protestar por las condiciones de detención de su hermano Alan, entonces alojado como preso de alto perfil en el penal federal de Marcos Paz. Las pericias establecieron que durante ese período Solange realizó más de mil llamadas a su hermano desde un teléfono común de la cárcel. En el legajo provincial también figuran fotos de la joven portando armas.
Alan Funes arrastraba para entonces una condena aún más grave. En octubre de 2024, la Justicia lo sentenció a prisión perpetua por instigar desde el penal de Ezeiza el asesinato de Mariel Lezcano, una joven de 21 años ejecutada de un balazo en la cabeza en octubre de 2021 en barrio Tablada. El ataque, según estableció el tribunal, estaba destinado a la madre de la víctima y fue llevado a cabo por sicarios a cambio de 150.000 pesos.
El defensor de Solange, Maximiliano Rupani, planteó ante el tribunal la trayectoria vital de su asistida como argumento para prescindir de la pena. Señaló que la muerte violenta de su madre, la detención del padre, el arresto o el asesinato de sus hermanos y el cuidado de los niños de la familia a cargo de la abuela la marcaron desde la infancia. Sostuvo que “no puede valorarse del mismo modo” a Solange que “a una persona que creció con condiciones de estabilidad, protección y oportunidades”, y recordó que el derecho penal juvenil tiene principios propios de mínima intervención, finalidad educativa y reintegración social. Una supervisora de la Unidad de Defensa de Niños fue más directa: dijo que la joven necesita “ayuda y presencia estatal, pero no bajo la forma de una pena”.
Al momento de la audiencia, Solange permanecía detenida en el ámbito provincial bajo condiciones restrictivas: vestimenta distintiva, cadenas y limitaciones de visitas y comunicación.
El tribunal reconoció ese contexto, pero concluyó que “la respuesta estatal con la efectiva imposición de una pena aparece necesaria en el caso”. Los jueces indicaron que el monto mínimo elegido “incorpora la menor culpabilidad propia de la edad, su contexto personal y familiar y los datos positivos de su conducta posterior”, y aclararon que la decisión no responde únicamente a la gravedad del delito sino también a las perspectivas de reintegración de la condenada.
La causa provincial por los incendios de vehículos, en la que también están acusados Alan Funes, su pareja Leila Schmitt, Carlos Luciano Cavallari y Yamila Elisabet Aguirre, continúa en trámite.
