Estados Unidos, a través de su Embajada en Honduras, confirmó la designación de la Mara Salvatrucha (MS-13), el Barrio 18 y otras organizaciones criminales transnacionales como grupos terroristas extranjeros, en el marco de su estrategia global de combate al crimen organizado.
La representación diplomática informó que estas estructuras se financian mediante actividades ilícitas como extorsión, sobornos, asesinatos y actos de violencia que emplean para intimidar a comunidades y consolidar control territorial en distintos países de la región.
Las autoridades estadounidenses precisaron que esta nueva clasificación permite fortalecer herramientas legales y operativas de cooperación internacional con países aliados como Honduras, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta frente a estas estructuras criminales.
Guerra al terrorismo
La sede diplomática anunció: “Al designar al Barrio 18, a la Mara Salvatrucha y a otras organizaciones delictivas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, el gobierno de Estados Unidos cuenta con herramientas eficaces para respaldar a socios como Honduras”.
Estados Unidos sumó en el mismo pronunciamiento a otras estructuras del crimen organizado en América Latina, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, identificadas por su impacto en la seguridad regional.
Según la postura estadounidense, estas designaciones amplían la capacidad para sancionar, perseguir y desmantelar redes criminales transnacionales que afectan la estabilidad y seguridad de los países del continente.
En paralelo, el Congreso Nacional de Honduras avanza en la discusión de un paquete de reformas penales orientadas a fortalecer el combate contra el crimen organizado, incluyendo la posibilidad de declarar las maras y pandillas como organizaciones terroristas.
Las iniciativas, impulsadas a solicitud de la Secretaría de Seguridad, ya superaron su primer debate legislativo y podrían ser aprobadas en los próximos días si alcanzan el respaldo mínimo de 65 diputados en el pleno.
El proyecto contempla reformas a ocho artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, en un contexto marcado por el incremento de la violencia asociada a estructuras dedicadas a la extorsión, el sicariato y el control territorial.
El analista político Kenneth Madrid señaló que “este tipo de declaraciones y reformas reflejan trabajo en conjunto entre la agenda internacional de seguridad y las decisiones internas del país” pero advirtió que su efectividad dependerá de la capacidad institucional para aplicar las leyes sin debilitar el Estado de derecho ni politizar el combate a la criminalidad.
Reformas penales
Uno de los principales cambios se centra en el delito de extorsión. Las reformas al artículo 273 del Código Penal establecen que las penas pasarían de 15 a 20 años de prisión para quienes resulten culpables de este delito.
Además, el paquete legislativo prevé la aplicación de cadena perpetua en casos donde la víctima fallezca como consecuencia de actos vinculados a la extorsión; esta medida representaría uno de los endurecimientos más severos del marco penal hondureño en los últimos años.
Otra modificación clave apunta al artículo 587 del Código Penal, mediante el cual determinadas estructuras criminales podrían ser catalogadas formalmente como organizaciones terroristas.
De aprobarse esta modificación, el Estado hondureño contaría con mayores herramientas jurídicas para investigar, procesar y sancionar a miembros de maras y pandillas bajo esquemas utilizados en el combate al terrorismo y al crimen organizado transnacional.
El debate legislativo se desarrolla con creciente presión internacional y nacional para reforzar la seguridad ciudadana, mientras distintos sectores insisten en la necesidad de que estas medidas se apliquen con equilibrio, respetando el debido proceso y las garantías fundamentales.
