El 81% de las causas penales abiertas por delitos tributarios se beneficiaron por la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos para que estos casos sean punibles. La actualización impacta sobre miles de expedientes que estaban en trámite al momento de la reforma.
“La reforma al régimen penal tributario operada por la Ley 27.799 impacta sobre 6.750 causas que a la fecha de sanción se encontraban en trámite, de las cuales un total de 5.445 (81%) registran montos que no superan las nuevas condiciones de punibilidad, y para las cuales sería aplicable lo dispuesto en la Instrucción General 01/26 (SDG ASJ)”, señaló el informe oficial.
A través de esa normativa, se establecen lineamientos para revisar las causas penales tributarias, aduaneras y de la seguridad social en trámite y evaluar, en cada caso, la eventual aplicación del principio de ley penal más benigna.
“A los fines del análisis, se consideró la pretensión fiscal total de cada causa sin tener en cuenta impuestos y períodos involucrados. La información involucra sólo a las causas penales que se encuentran registradas en el Sistema de Causas Penales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero”, aclaró el reporte de gestión presentado ante el Congreso.
Vale recordar que, tras la aprobación de dicha ley, los umbrales para tipificar la evasión simple se elevaron de $1,5 millones a $100 millones, mientras que en el caso de la evasión agravada pasaron de $15 millones a $1.000 millones.
No obstante, cuando hayan intervenido personas humanas o jurídicas, entidades interpuestas, o se hayan empleado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios o jurisdicciones no cooperantes con el fin de ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero obligado, el monto correspondiente se incrementa de $2 millones a $200 millones.
Este mismo criterio aplica cuando el contribuyente haya hecho uso fraudulento de exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones u otros beneficios fiscales.
En otro orden, el Ejecutivo, consultado por las garantías que tienen los depositantes de los “dólares del colchón” de que no van a ser investigados por lavado de dinero teniendo en cuenta que estas leyes no se modificaron, señaló que la tenencia de moneda extranjera en efectivo “constituye una conducta económicamente racional orientada a la preservación del valor de los activos. Dicha circunstancia no configura, por sí sola, un indicio de ilicitud ni justifica su calificación automática”.
Explicaron que la normativa referida a prevención de lavado de activos no prohíbe los depósitos de dólares en efectivo, independientemente de su monto y exime de la identificación del depositante en el caso de depósitos en efectivo por montos inferiores a los 40 salarios mínimos, vitales y móviles.
“Su evaluación deberá realizarse en el marco de un enfoque basado en el riesgo, considerando el perfil del cliente, la razonabilidad económica de la operación y la existencia, o no, de otros indicadores de alerta concurrentes”, indicó el informe de la jefatura de Gabinete.
“En ese contexto, y en línea con lo expuesto anteriormente, los sujetos obligados por la Ley 24.546 mantienen la obligación de la debida diligencia para la prevención del lavado de activos, financiamiento de terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva”, agregó.
El ministro de Economía, Luis Caputo, busca incentivar a los argentinos a ingresar sus “dólares del colchón” al sistema para acelerar la recuperación económica. Sin embargo, la Ley de Inocencia Fiscal no logró impactar de manera significativa en los contribuyentes.
El principal objetivo del Gobierno consiste en captar divisas que permanecen fuera del circuito bancario, aunque la reacción de los ahorristas fue limitada.
Según el informe monetario diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los depósitos en moneda extranjera del sector privado alcanzaron los USD 37.044 millones al 2 de enero, momento en el que Caputo promovió el ingreso de dólares al sistema.
Hacia fines de abril, el saldo ascendió a 38.967 millones de dólares, tras haber tocado los 39.172 millones a principios de marzo. Esta evolución evidenció oscilaciones, marcadas por la cautela de los ahorristas y las variaciones en los niveles de confianza.
