La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala emitió este jueves un pronunciamiento en el que denuncia actos sistemáticos de intimidación, amenazas y presiones indebidas contra su presidenta, la doctora Claudia Lucrecia Paredes Castañeda. La nota expone la preocupación institucional ante estos ataques, que consideran no solo una vulneración a la integridad personal de la funcionaria, sino también una afrenta directa al sistema democrático y al respeto institucional.
En el texto, la CSJ rechaza categóricamente las acciones que buscan hostigar y presionar a la presidenta, resaltando que estas no solo afectan su esfera personal, sino que también constituyen una amenaza para la independencia judicial.
Al mismo tiempo, la Corte subraya que el respeto a las mujeres en el ejercicio de la función pública es un presupuesto irrenunciable de la democracia constitucional. Además, recalca que las amenazas y el acoso no forman parte del debate legítimo y sí representan manifestaciones de violencia y discriminación incompatibles con el Estado de Derecho.
El comunicado enfatiza que resulta inaceptable normalizar estos ataques bajo el argumento de que son “efectos colaterales del desempeño del cargo”. Y advierte que el escrutinio público debe dirigirse hacia las decisiones adoptadas por los funcionarios y no hacia su vida personal, familiar o de género. La búsqueda y difusión de información personal sobre la familia, hijos y residencia de cualquier servidor público es catalogada como un acto de coacción y disenso que la Corte condena de forma tajante.
El Pleno expresa su respaldo firme e incondicional a la gestión de la doctora Paredes Castañeda, reconociendo la conducción institucional apegada a los principios de legalidad, independencia judicial y fortalecimiento del Estado de Derecho.
El pronunciamiento también evalúa de manera positiva los resultados del proceso desarrollado por la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, presidido por la presidenta de la CSJ, destacando la observancia de los parámetros constitucionales y legales.
Postura disidente de un magistrado frente al comunicado de la CSJ
No obstante, el comunicado también hace constar la postura disidente del magistrado vocal quinto, Estuardo Adolfo Cárdenas, quien solicitó la inclusión de su voto razonado en contra.
Según la Corte, Cárdenas argumenta que quien asume la dirección o el ejercicio del poder público debe estar consciente de que recibirá ofensas, y sostiene que emitir este comunicado podría interpretarse como una normalización de la violencia bajo el concepto de “riesgo asumido”.
El Pleno, por su parte, rechaza esta postura y señala que ninguna función pública obliga a tolerar el hostigamiento ni la invasión a la esfera privada y familiar, y que la investidura de un funcionario no le priva de sus derechos a la integridad, privacidad y respeto a su entorno familiar.
Finalmente, la CSJ demanda la intervención urgente y coordinada de las entidades estatales competentes para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la presidenta tanto en su condición personal como en el ejercicio de sus funciones. El Pleno reafirma su compromiso con la defensa del orden constitucional, la independencia judicial y la existencia de un sistema de justicia libre de presiones, amenazas e injerencias indebidas.
