El caso Conexión Ganadera –el fondo pecuario que protagonizó la estafa más grande de Uruguay– ingresó en un momento clave en sus instancias judiciales. Los abogados de los 4.200 damnificados intentan por estos días recabar las firmas de sus clientes para aceptar un acuerdo que propone distribuir USD 35 millones en 60 días. Se trata de un porcentaje menor en comparación a los USD 410 millones de pasivo de la empresa.
Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores y, a cambio, pagaba una renta fija de, al menos, 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes.
En el ámbito penal, el caso ha tenido tres imputados (los tres socios directores, ya que el cuarto se suicidó antes de que se supiera públicamente la crisis de la empresa). Además de esta investigación penal, hay otro proceso en curso en la justicia concursal, que se encarga de la liquidación de la empresa. En este ámbito está puesta la esperanza de los inversores de cobrar parte del dinero invertido.
Según informó El Observador, con este acuerdo los clientes podrán cobrar algo de lo invertido. Quienes tenían ganado a su nombre (una modalidad de inversión) cobrarán un 33,3% sobre cada animal, mientras quienes no lo tenían cobrarán un 5%. Esto permite que no esperen a que termine el proceso y que se resuelvan impugnaciones, lo que llevará meses de trámite judicial.
Hay una amplia mayoría de clientes que está de acuerdo con el convenio y han expresado su voluntad de adhesión, de acuerdo a un relevamiento realizado por este medio.
Graciela Abelenda, la defensora de un grupo de damnificados, declaró que sus clientes están adhiriendo al acuerdo de forma masiva y contó que la semana pasada debió extender el tiempo de atención para recabar las firmas.
En una misma línea se expresó Juan Pablo Decia, quien aseguró que el nivel de aceptación viene bien. “Una enorme mayoría va a firmar, salvo alguno que está con dudas y pidió tiempo para pensarlo un poco más”, señaló.
Quienes no adhieren al convenio no quedarán comprendidos. Para estos casos, la sindicatura deberá reservar una parte del activo.
Los USD 35 millones a repartir provienen de la venta del ganado y fue obtenido por el síndico Alfredo Ciavattone con el objetivo de que los damnificados puedan recuperar algo de lo invertido. De aceptarlo, no deberán esperar al final del proceso.
En qué consiste la propuesta
La propuesta divide a los inversores en diferentes categorías.
En la primera están quienes eran bonistas, poolistas y engordistas con ganado a su nombre. El texto establece lo siguiente: “Se resta 33,4% por concepto de gastos y sobre el 66,6% remanente, se le abona la mitad a cada cliente. Es decir, cobran un 33,3% sobre cada animal pero se les ha imputado el 100% del valor del mismo de sus créditos quirografarios”.
Otra categoría de clientes de Conexión Ganadera era la de terneristas y quienes no tenían ganado. Ellos cobrarán un porcentaje fijo (base 5%) sobre todo el total de su crédito quirografario.
Además de necesitar que el 85% de los damnificados esté de acuerdo, el pacto también debe ser ratificado por la Justicia.
El proyecto de acuerdo fue anunciado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Su gerente de Servicios Jurídicos explicó que la propuesta buscó encontrar la forma más equitativa de repartir los USD 35 millones que se consiguieron a partir de la venta de ganado. Fueron 64.000 las cabezas de ganado vendidas, según informó semanas atrás el diario El País.
El plazo para tomar una decisión vence el 12 de mayo.
