El viernes por la tarde, varios disparos acabaron con la vida de Adriana Arroyo en las inmediaciones de su vivienda, en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Tenía 21 años y era hermana de Steven Medina, el menor de once años cuya detención y asesinato a manos de militares ecuatorianos en diciembre de 2024 desató una de las mayores crisis de derechos humanos en la historia reciente del país. Sus familiares la enterraron el domingo. La Fiscalía ya investiga el caso.
“Es un hecho resultado de la grave situación de criminalidad que hay en Las Malvinas y de la inexistencia de políticas de seguridad”, declaró a EFE Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y representante legal de la familia Medina. El crimen añade una nueva capa de tragedia a una familia que lleva año y medio en el centro del caso judicial más perturbador del Ecuador reciente.
El llamado caso Las Malvinas se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando dos patrullas militares detuvieron de manera irregular a cuatro menores afrodescendientes en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil, tras una alerta por presunto robo. Los niños —Ismael Arroyo, de 15 años; Josué Arroyo, de 14; Saúl Arboleda, de 15; y Steven Medina, de 11— fueron trasladados a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una base de la Fuerza Aérea, donde los militares aseguraron haberlos liberado. El 24 de diciembre, sus cuerpos calcinados aparecieron en esa misma área. Las autopsias determinaron impactos de bala en al menos tres de las víctimas.
El proceso judicial derivado del caso no tuvo precedentes en Ecuador. En diciembre de 2025, un tribunal condenó a once militares a 34 años y ocho meses de prisión, y a otros cinco —acogidos a cooperación eficaz— a treinta meses. Un teniente coronel procesado como cómplice fue absuelto. El tribunal impuso además multas por 376.000 dólares e indemnizaciones para las familias. En marzo de 2026, la Corte Constitucional declaró formalmente que los cuatro niños fueron víctimas de desaparición forzada y ordenó al comandante de la Fuerza Aérea que emitiera disculpas públicas.
El asesinato coincide con la entrada en vigor, este mismo domingo, de un nuevo toque de queda nocturno —el segundo del año— que rige de 23:00 a 05:00 en nueve provincias, entre ellas Guayas y Pichincha, hasta el 18 de mayo. La medida se enmarca en el estado de excepción vigente desde enero de 2024, cuando Noboa lo declaró tras la fuga del narcotraficante Adolfo Macías, alias “Fito”, de una cárcel de Guayaquil, y la toma armada en vivo del canal estatal TC Televisión. Esa declaratoria, renovada en sucesivas ocasiones, habilitó el despliegue castrense en tareas de seguridad y fue el marco legal bajo el cual operaban los militares que asesinaron a los cuatro niños.
Las cifras ilustran la escala del problema. Ecuador cerró 2025 con 9.269 homicidios, un récord histórico, y el primer cuatrimestre de 2026 acumula 2.509 muertes violentas. La provincia de Guayas concentra el 43,8% del total, con 1.098 homicidios entre enero y abril, según datos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Noboa la calificó de “epicentro de la violencia letal”.
Las Malvinas sintetiza las contradicciones de esa crisis: un barrio empobrecido y de mayoría afrodescendiente que en 2024 sufrió la violencia del Estado y hoy padece la del crimen organizado, sin que las sucesivas medidas de emergencia hayan logrado interrumpir ese ciclo. La pregunta que dejó sin respuesta la Corte Constitucional —cómo evitar que casos como el de los cuatro niños se repitan— adquiere una dimensión más oscura con cada nuevo muerto en ese barrio.
