“Violencia escolar enciende alarmas y moviliza a las autoridades”, “Cuatro estudiantes son apuñalados dentro del salón de clases”, estos son solo algunos de los titulares de la prensa local que a través de los años reflejan el aumento de la violencia estudiantil en Panamá.
Tan solo hace unos días un estudiante de una escuela secundaria en la provincia de Veraguas fue herido con un cuchillo en un brazo por otro alumno, mientras que dos estudiantes de un colegio en Penonomé, provincia de Coclé, se enfrascaron en una riña. Una profesora que intentaba mediar en la gresca fue lanzada al piso.
En el primer caso la situación fue atendida de manera inmediata por los profesores de disciplina, garantizando la seguridad de ambos estudiantes, aseguró Ada Cornejo de Osses, directora del plantel educativo. En el segundo caso nada se ha informado hasta el momento.
En apego a los principios de confidencialidad y protección integral de la niñez y adolescencia, no se divulgan las identidades de las personas involucradas.
La Unión Nacional de Padres de Familia ha advertido reiteradamente del aumento de la violencia, de la venta de drogas y de la ausencia de protocolos efectivos de las autoridades educativas para atender estos casos en los centros escolares de todo el país.
Ante estos señalamientos, desde el Ministerio de Educación (Meduca) se defienden indicando que existen los llamados gabinetes psicopedagógicos, estructuras de apoyo técnico dentro del sistema educativo, que están formados por equipos multidisciplinarios que brindan asesoramiento y orientación a estudiantes, docentes y familias.
En el periodo escolar 2024 el Meduca informó que contaba con el servicio de 159 gabinetes psicopedagógicos, y proyectaban que al culminar este quinquenio la cobertura llegue a 459 centros educativos, con psicólogos y trabajadoras sociales disponibles no solo para las escuelas, sino también para ofrecer apoyo a colegios cercanos de cualquier sector.
Las autoridades del referido ministerio manifestaron que durante el 2025 los gabinetes psicopedagógicos detectaron en los centros educativos del país unos 300 casos relacionados con hechos de violencia, abuso sexual y embarazos adolescentes.
Estas situaciones trascendieron lo académico y reflejan problemáticas sociales profundas que impactan directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dijo a medios locales Verushka Ordás, psicóloga y directora nacional de Servicios Psicoeducativos del Meduca.
Pero, para el dirigente de la Unión de Padres de Familia, Ariel Hughes, las medidas de estos gabinetes psicopedagógicos por lo general son reactivas y no preventivas.
Al inicio del año escolar la Defensoría del Pueblo instó a las comunidades educativas del país a reforzar las acciones necesarias para garantizar entornos escolares libres de discriminación, violencia y exclusión.
El 2 de marzo un total de 876,605 estudiantes, de los cuales 737,200 pertenecen al sector oficial y 139,405 al sector particular, iniciaron el periodo lectivo 2026, que culmina en diciembre.
La Defensoría del Pueblo destacó en un comunicado que en las escuelas debe prevalecer el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la convivencia pacífica entre estudiantes.
El derecho a la educación, agregó que no se limita al acceso al sistema escolar, pues comprende su ejercicio en condiciones de equidad y no discriminación. La Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional vigente establecen la obligación del Estado de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y de prevenir cualquier práctica que vulnere su dignidad por razones de origen étnico, condición social, sexo u otras circunstancias.
La entidad reiteró su disposición de acompañar técnica y pedagógicamente estos esfuerzos, señalando que el derecho a la educación debe consolidarse como un espacio de inclusión, reconocimiento y desarrollo pleno.
