En vísperas de un plenario clave en el Senado para para validar un acuerdo con fondos buitre por USD 171 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvieron una reunión junto a legisladores del denominado “Grupo de los 44 aliados”, en la que abordaron la necesidad de aprobar el entendimiento con los holdouts antes del 30 de abril. Además, analizaron el avance de las economías regionales, la importancia del equilibrio fiscal y un pedido de los parlamentarios sobre la coparticipación a las provincias.
“Con Luis Caputo y su equipo analizamos el avance de las obras estratégicas en cada provincia, la situación de las economías regionales y sus principales desafíos. Coincidimos en la importancia de sostener el equilibrio fiscal, condición indispensable para ordenar la Argentina y consolidar el progreso de todos los argentinos”, indicó Bullrich tras el cónclave.
Del encuentro participaron, entre otros, el senador Eduardo Vischi, presidente del bloque UCR; Carlos Mauricio Espínola, del bloque Provincias Unidas; Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia Social; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; Beatriz Ávila, de Independencia; Flavia Royón, de Primero Los Salteños; Julieta Corroza, de La Neuquinidad; y Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza.
Según lo informado, se discutieron las problemáticas específicas de las economías regionales y la evolución de las obras, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener los “fundamentos económicos”, con especial foco en el equilibrio fiscal.
El acuerdo con los holdouts
Fuentes presentes en el encuentro explicaron en cuanto al acuerdo con los dos fondos buitre, por un total de USD 171 millones, el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso establece que, si el proyecto no es aprobado por ambas cámaras antes del 30 de abril, se podría reanudar el litigio en condiciones financieras considerablemente más desfavorables para el país.
Sin embargo, las fuentes indicaron que, según lo transmitido por Economía durante la reunión, no se trata de una fecha límite estricta, sino que la aprobación en el Senado antes del jueves representaría un gesto positivo. Por ese motivo, se espera que el dictamen correspondiente se emita en la jornada de mañana.
En efecto, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, junto con la de Economía Nacional e Inversión del Senado, tienen previsto realizar el miércoles un plenario para tratar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los fondos buitre, que incluye el mencionado desembolso. En el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso se establece el 30 de abril como plazo para evitar que el litigio continúe “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.
El entendimiento contempla que Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP aceptarían una reducción superior al 30% sobre el monto reconocido en fallos judiciales emitidos en Estados Unidos. De acuerdo con la propuesta oficial, la Argentina pagaría USD 67 millones a Bainbridge y USD 104 millones a Attestor.
El esquema elegido sigue el modelo “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se transferirán de manera simultánea a la cancelación de los bonos, mientras que los acreedores asumirán los gastos legales derivados del proceso judicial. Los convenios también contemplan una cláusula de standstill, que impide nuevas demandas o acciones legales por parte de los acreedores, así como interferencias en operaciones financieras hasta que se concrete la operación.
El texto remitido al Congreso, firmado por Javier Milei, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señala además que la aprobación del acuerdo permitirá “la finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país, en referencia a los procesos de “Discovery” vinculados a las finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos argentinos.
El pedido por la coparticipación
Por otra parte, uno de los pedidos trasladados al jefe del Palacio de Hacienda durante la reunión con el “Grupo de los 44″ fue la extensión en los plazos de devolución de los adelantos de coparticipación otorgados a varias provincias. Hasta el momento, la reembolso debía realizarse en cuatro meses, aunque se encuentra en análisis la posibilidad de extender ese plazo a seis u ocho meses, según detallaron los interlocutores.
A través del Decreto 219, el Gobierno implementó un sistema de adelantos de coparticipación destinado a doce provincias con problemas financieros. El texto oficial fija un límite máximo de $400.000 millones para estos anticipos, cuyo monto se calcula según el coeficiente de coparticipación que le corresponde a cada provincia.
La disposición habilita anticipos sobre los fondos de coparticipación federal, que deberán ser reintegrados dentro del mismo año fiscal. Estos adelantos tendrán una tasa nominal anual fija del 15% y se devolverán mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables. La definición de los montos para cada provincia quedará en manos de la Secretaría de Hacienda, que evaluará la capacidad de pago y la proporción de recaudación de impuestos nacionales correspondiente a cada jurisdicción.
Entre las provincias que podrán acceder a este mecanismo figuran Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con algún nivel de sintonía política con el Gobierno nacional. El límite total autorizado es de $400.000 millones, a distribuirse según las necesidades planteadas por cada provincia y el análisis técnico de Hacienda.
