La quinta audiencia del jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro —acusados de “mal desempeño” y “negligencia grave” en la investigación del crimen de Nora Dalmasso— cerró, este lunes, la etapa de las testimoniales.
Ya testificaron los funcionarios del Ministerio Público; el viudo, Marcelo Macarrón, y sus hijos Facundo y Valentina; también, varios funcionarios judiciales, expolicías y forenses que intervinieron en el caso.
Los alegatos se realizarán el 6 de mayo y, si se cumple el cronograma, el veredicto se conocerá antes de fin de mes. Solo hay dos opciones: destitución o continuidad en el cargo.
En la jornada de este lunes —una jornada clave del proceso y que finalizó pasadas las 22 horas— declararon los últimos testigos citados. La defensa de Daniel Miralles presentó a los exfiscales generales de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano y Eugenio Darío Vezzaro. Ambos estuvieron al frente del Ministerio Público Fiscal en el primer tramo de la investigación, cuando se acusó al pintor Gastón Zárate y a Facundo Macarrón.
Según informó el diario La Voz, Vidal Lascano respondió a las consultas sobre la decisión de nombrar tres fiscales al inicio de la causa y sobre la detención de Zárate, alias “el Perejil”. Aseguró que no participó de esa detención y que se enteró de la medida después de concretada. También explicó que la Fiscalía General carecía de facultades para ordenar arrestos y se refirió a su renuncia, presentada tras el revuelo social que siguió a ese episodio. Estuvo poco más de 40 días en el cargo.
Vezzaro, por su parte, detalló los alcances legales de su función y el manejo del informe del FBI sobre pruebas genéticas, remitiéndolo directamente al fiscal de la causa. Señaló también que los informes externos a la causa debían ser presentados formalmente y que la Fiscalía General no recibió ninguna documentación adicional.
Luego de los exfiscales generales, prestaron declaración Gustavo David Martín (fiscal de cámara de Río Tercero), Julio Rivero (fiscal de cámara que solicitó la absolución de Marcelo Macarrón en el juicio), Rosario Fernández López (fiscal de cámara de Río Cuarto) y Pablo Jávega (actual fiscal de instrucción del caso Dalmasso).
De acuerdo con La Voz, ni Martín ni Fernández López aportaron declaraciones consideradas trascendentes para el objeto del jury.
Distinto fue el caso de Rivero, quien relató que inicialmente compartió la acusación instruida por Luis Pizarro, pero a lo largo del proceso consideró que las pruebas se fueron debilitando. Explicó que no vio necesario abrir una investigación complementaria, lo que indirectamente señala que tampoco advirtió la falta de cotejo de ADN con Roberto Bárzola.
En otro tramo, recordó que cuando era fiscal instructor investigó la filtración de la foto del cadáver de Nora Dalmasso y reveló que el responsable fue Marcelo Brito, abogado defensor de Macarrón.
La jornada finalizó con el testimonio de Pablo Jávega, actual fiscal de instrucción de la causa Dalmasso. En su declaración, el funcionario detalló que, al asumir la investigación, organizó los cuerpos del expediente y solicitó al Ceprocor información sobre el ADN desconocido hallado en la escena del crimen. Luego, elaboró una lista de personas prioritarias para el cotejo genético, en la que incluyó a Roberto Bárzola. Tras el resultado positivo, lo citó a la fiscalía.
La pista del ADN y el rol de los fiscales
Uno de los principales puntos de debate en el jury es el tratamiento que tuvo la pista del ADN masculino hallado en la escena del crimen. En 2012, la llegada de un informe del FBI había confirmado la presencia de un perfil genético masculino desconocido. ¿Por qué no advirtió que ahí podía estar la prueba del homicidio?
Javier Di Santo, fiscal de la causa entre 2007 y 2015, sostiene que ya en 2007 se había investigado a fondo la posible participación de los albañiles que trabajaron en la casa, incluyendo a Roberto Bárzola, mediante allanamientos, intervenciones telefónicas y análisis de antecedentes. Según Di Santo, en aquel momento, la huella de zapatilla encontrada en la escena tampoco pudo vincularse al parquetista.
Al recibir el informe genético, Di Santo argumenta que no fue posible asociar el ADN a un sospechoso concreto y que ni la Policía Judicial ni el control judicial consideraron ese dato como determinante. Asegura que solicitó una explicación técnica, pero que no surgieron elementos para impulsar nuevas medidas en esa línea.
Daniel Miralles asumió la investigación entre 2016 y 2017 y mantuvo el foco en la familia Macarrón, especialmente en el viudo, Marcelo, por la presencia de su ADN en la escena del crimen. Miralles consideró obligatorio avanzar sobre esa pista y entendió que la investigación sobre los obreros ya se había agotado en etapas previas. Además, explicó que no existía una recomendación formal del FBI para tomar nuevas muestras de ADN.
Luis Pizarro, a cargo entre 2017 y 2019 y quien la elevó a juicio, planteó que el material genético encontrado en la bata utilizada para el estrangulamiento presentaba varios perfiles, lo que dificultaba determinar a quién correspondía cada uno y cuándo habían sido depositados. En ese contexto, Pizarro argumentó que no había pruebas suficientes para vincular el perfil masculino desconocido con el homicidio y que la falta de datos completos, como los resultados de la autopsia, complicaba cualquier avance firme en esa dirección.
El rol de la familia Macarrón frente al ADN no identificado
La familia de Nora Dalmasso, a través de su madre Delia Nené Grassi y el abogado Diego Estevez, solicitó que se investigara la pista de los obreros después de conocido el informe del FBI. Sin embargo, al poco tiempo, el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, fue imputado por abuso sexual y homicidio, lo que llevó a la familia a concentrarse en la defensa de Facundo y, más tarde, del propio Marcelo Macarrón, también acusado por la fiscalía.
El abogado de la familia, Gustavo Liebau, argumenta que al día de hoy los fiscales no han explicado por qué razón no impulsaron formalmente el cotejo del ADN masculino desconocido. “La genetista Nidia Modesti fue terminante al declarar que, de haber tenido la muestra de esa persona (Roberto Bárzola), podría haberla identificado como correspondiente a las encontradas en la escena del crimen. Además, la doctora Virginia Massuet, instructora de la causa, reconoció que luego de la elevación a juicio no se buscó más al autor material a pesar de la obligación que tenía Pizarro de hacerlo”, le dijo a Infobae.
