El Gobierno nacional introdujo un límite al aumento del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, gestionado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida comenzará a regir a partir del mes próximo y hasta agosto.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso, mediante la reciente modificación de la Resolución N° 53/25, que el ajuste efectivo no podrá superar el 4%) mensual entre enero y abril de 2026. Mientras tanto, establecieron que, desde mayo hasta agosto del mismo año, el tope máximo de incremento será del 3% por mes, siempre que el mecanismo oficial de actualización arroje un valor inferior.
La decisión surge tras un extenso proceso de evaluación que incluyó la presentación de informes económico-financieros por parte de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), la principal concesionaria del área.
La medida se oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 14/2026. De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar el sostenimiento económico de la concesionaria con la protección de los usuarios frente a incrementos abruptos. La actualización, basada en la fórmula aprobada por la Resolución N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas, será aplicada con los límites explicitados, y su cumplimiento será monitoreado a través de informes trimestrales que AySA deberá presentar durante 2026.
De acuerdo con los considerandos, el marco regulatorio vigente fue aprobado en 2007 y ordenado por decreto en 2025. Desde entonces, el ERAS ejerce funciones de control y regulación sobre la prestación del servicio, el aspecto económico de la concesión y la atención de los reclamos de los usuarios.
La revisión tarifaria tuvo su punto de partida en 2024, cuando AySA presentó una propuesta de adecuación ante la Secretaría de Obras Públicas. Aunque el marco regulatorio no exigía audiencia pública, la autoridad aplicativa resolvió convocar a la ciudadanía para escuchar opiniones sobre la propuesta de incremento y sus fundamentos.
La aplicación de este mecanismo buscaba sostener el equilibrio financiero de la concesionaria sin transferencias del Tesoro Nacional. No obstante, en el contexto económico de 2024 y 2025, las autoridades limitaron de manera excepcional los aumentos mensuales, primero al 1% y luego estableciendo un tope progresivo para evitar un impacto desproporcionado sobre los usuarios.
El proceso de convergencia tarifaria avanzó con la presentación, por parte de AySA, de informes que reconocieron la existencia de un atraso tarifario y la necesidad de alcanzar los niveles previstos. Por esto mismo, se acordó que la empresa renunciara a los ingresos no facturados durante 2025 y asumiera el costo de la gradualidad en 2026, lo que se reflejará en el balance de la compañía.
A su vez, AySA debe presentar un informe de la situación económico-financiera correspondiente al primer trimestre de 2026, y otro al cierre del segundo trimestre. Estos reportes serán clave para evaluar la sostenibilidad del esquema y la evolución de los ingresos, gastos e inversiones, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Acción de Transición aprobado para el período 2024-2026.
En los reportes más recientes, la empresa advirtió que la inflación registrada entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 superó las previsiones, lo que redujo el ritmo de cierre de la brecha tarifaria y elevó el déficit proyectado. Frente a este escenario, AySA solicitó la continuidad del proceso de convergencia bajo los mismos parámetros hasta alcanzar la convergencia plena, postura que el organismo regulador decidió matizar con una reducción del tope de aumento mensual a partir de mayo.
El Programa de Tarifa Social permanece como un resguardo para los hogares con menores ingresos, manteniendo descuentos y neutralizando el impacto de las subas para quienes más lo necesitan. El ERAS dispone que los beneficios alcanzarán tanto a quienes ya sean beneficiarios como a los que se incorporen en lo sucesivo, hasta la fecha de renovación o cese del subsidio.
