La fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, a cargo de la UFI N°6 de Moreno – General Rodríguez, en coordinación con Érica Chiessi y Solange Castelli, de la UFI N°7 del mismo distrito, solicitó embargos para los padres de alumnos detrás de amenazas de tiroteos en escuelas.
Sucede que la investigación, tras la ola de 70 denuncias de directores de establecimientos educativos solo el jueves pasado, logró identificar a siete menores, dos de 16 años y, por lo tanto, punibles. A raíz de los resultados, la DDI local realizó este martes siete allanamientos, algunos de ellos positivos: los agentes secuestraron armas, que serían las mismas que habrían sido exhibidas en redes a modo de amenaza por los estudiantes investigados. También incautaron celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos.
Durante el operativo, se notificó a los sospechosos por el delito de intimidación pública y fueron citados a indagatoria para este miércoles. “Tienen que venir con sus padres”, detalló una fuente del caso a Infobae.
Al mismo tiempo, la fuente explicó que el embargo debe ser dispuesto por la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino. Y aclaró que aún no está estipulado el monto del daño ocasionado, un valor que deberá establecer la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, tal como sucede con los llamados al 911 por amenaza de bomba, un modus operandi en boga entre los años 2018 y 2019. A partir de esa definición, se les trabaría el embargo.
“En estos casos, las clases no se suspendieron”, remarcaron. En cambio, se tomarán en cuenta los gastos que generaron las investigaciones, los procedimientos policiales y los que se produzcan por el cambio de protocolos en las escuelas.
Provincias y municipios buscan cobrar a las familias el costo de los operativos
Al mismo tiempo, varios distritos resolvieron hacer cargo a las familias por los costos de los operativos de seguridad y los perjuicios que generan.
El gobierno de Santa Fe tomó esa decisión, al calcular que el esfuerzo económico de un despliegue policial en un establecimiento operativo oscila entre los cinco y seis millones de pesos por procedimiento. Además, pueden dejar antecedentes negativos para los involucrados para solicitar permisos de viaje o certificados.
En la provincia, la semana pasada se registró un pico de amenazas en establecimientos educativos de la provincia, con 65 denuncias en un solo día, la mayoría mediante carteles en baños escolares.
La jefatura de Policía de Corrientes emitió un comunicado tras recientes amenazas en escuelas, subrayando que no tolerarán intimidaciones ni incitaciones a la violencia.
La fuerza remarcó que estos hechos serán investigados bajo el artículo 149 bis del Código Penal Argentino y que los padres o tutores pueden ser responsables civiles por los daños ocasionados por menores, según el artículo 1754 del Código Civil y Comercial.
Según ese texto legal,“los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos”.
La Justicia de Mar del Plata también dispuso que los padres de estudiantes identificados como autores de amenazas en escuelas deberán afrontar los gastos de los operativos policiales y posibles daños. La medida fue adoptada por el fiscal general Fabián Fernández Garello y comunicada a los fiscales del Departamento Judicial de Mar del Plata.
