La Justicia santafesina declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, después de que la propia empresa solicitara esa medida tras años de crisis financieras y del fracaso del concurso preventivo de acreedores pedido el año pasado.
La cooperativa láctea acumula una deuda de USD 120 millones y ante la imposibilidad de pago, el juez Marcelo Gelcich determinó la “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.
“La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión a través de las herramientas propias del proceso preventivo, lo que refuerza la procedencia de la declaración de quiebra como solución jurídica adecuada”, señaló la sentencia.
El documento judicial señala que la firma arrastra una deuda postconcursal impositiva y previsional de $6.349.470.914,68 en capital y de $12.788.850.187,16 en salarios netos adeudados desde mayo de 2025 a enero de 2026, sumado a aportes a obras sociales, ART y sindicatos por 3.380.071.061,39 pesos.
Cabe recordar en ese sentido que desde la la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) denunciaron que la empresa les debe 8 meses de sueldos más aguinaldos a sus trabajadores, que vienen utilizando el fondo solidario del sindicato. “Esta realidad que algunos de sus directivos nos supieron reconocer en forma privada y que ahora oficializan, demuestra que SanCor CUL se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores”, había afirmado el sindicato.
A su vez, el fallo remarcó que la tasa de generación de nuevo pasivo postconcursal se estima en aproximadamente $3.000 millones mensuales, “sin que la actividad ordinaria de la empresa genere recursos suficientes para absorberla”.
Al respecto, la sentencia también indica que las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad instalada, siendo Sunchales, la planta con mayor capacidad de procesamiento, la más ociosa; afectadas por estacionalidad y pérdida de contratos de fazón.
La planta de San Guillermo se encuentra paralizada desde diciembre de 2025, y las demás operan por debajo del umbral de rentabilidad, excepto Devoto y La Carlota, “que si bien se aproximan a su capacidad operativa, lo hacen en el contexto de una estructura de costos laborales y fiscales que las vuelve igualmente deficitarias en términos del balance global de la empresa”, precisó el juez.
De este modo, consideraron que la situación “excede la mera iliquidez coyuntural y configura lo que la se denomina insolvencia estructural, es decir, la incapacidad permanente de la empresa para generar los recursos necesarios para atender sus obligaciones corrientes, con independencia de medidas de reestructuración operativa”.
Según aseguraron en Atilra, el acto de quiebra le permite a la empresa, que cuenta con 914 empleados, continuar operando. No obstante, el juez señaló que la decisión es provisoria y queda sujeta a un informe posterior. Además, se ordenó presentar un plan de liquidación de activos que maximice el recupero para los acreedores.
