El Gobierno de Bolivia enviará en los próximos días a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar de fondo el sector de los hidrocarburos, con el objetivo de revertir la caída de la producción y las exportaciones de gas y petróleo. La iniciativa, impulsada por la administración de Rodrigo Paz, prevé un esquema tributario de hasta el 50% para las petroleras y elimina la “discrecionalidad” de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la negociación de contratos, con la meta de ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, sostuvo en una entrevista con EFE que la situación actual del sector exige una respuesta inmediata. “Todas las proyecciones que se tienen al momento con la producción de gas, exportación de gas, producción de petróleo, condensado, gasolina y demás, dan cuenta de una tendencia negativa. Por tanto, es necesario revertir esto”, afirmó el funcionario.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud de la crisis. La producción de gas cayó desde los 61 millones de metros cúbicos registrados en 2014 a menos de la mitad en 2026. En paralelo, las exportaciones del sector descendieron de 6.113 millones de dólares en 2013 a 1.076,8 millones en 2025. A esto se suma una fuerte reducción de las reservas probadas, que pasaron de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) en 2017 a 3,7 TCF en la actualidad.
La propuesta constituye la primera gran reforma estructural que la nueva administración enviará al Congreso. El objetivo oficial es que Bolivia recupere su posición como productor relevante de hidrocarburos mediante un modelo mixto en el que YPFB opere en conjunto con inversores privados nacionales e internacionales.
En ese sentido, Medinaceli explicó que la iniciativa apunta a redefinir el rol de la petrolera estatal. “Se pretende que YPFB sea un actor, pero que actúe de forma conjunta con el sector privado”, señaló, al comparar el esquema previsto con modelos vigentes en países como Brasil, Colombia y Chile.
El ministro remarcó que el nuevo esquema impositivo busca respetar el mandato surgido del referéndum de 2004, durante la presidencia de Carlos Mesa. En aquella consulta, la ciudadanía aprobó el cobro de “un impuesto y/o regalías a las petroleras llegando al 50 % del valor de la producción de gas y petróleo en favor del país”.
“La gente votó que sí. Entonces, realmente es necesario respetar eso de forma progresiva, y de forma eficiente”, sostuvo Medinaceli, quien además recordó su experiencia previa al frente de la cartera durante el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.
Consultado sobre la diferencia entre este esquema y el 82% de participación estatal instalado durante la nacionalización dispuesta por Evo Morales en 2006, el funcionario buscó precisar el alcance de aquella medida. “Y aquí quiero ser enfático. A partir del 2007 la participación del Estado no fue del 82 %. Y las puertas del ministerio están abiertas para quien quiera discutir esto”, afirmó.
Según detalló, después de 2007 las empresas petroleras tributaron un 32 % correspondiente al Impuesto Directo a los Hidrocarburos, un 18 % en regalías y alrededor de un 10 % adicional por factores incluidos en los contratos suscriptos con YPFB. De ese modo, la participación estatal promedió cerca del 60 %, con variaciones que oscilaron entre el 53 % y el 65 %.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de los llamados “costos recuperables” y de la facultad discrecional de YPFB para definir condiciones contractuales con las compañías del sector. Para el Gobierno, ese cambio busca generar previsibilidad normativa y mejorar el clima para la inversión.
Al mismo tiempo, la iniciativa contempla una estrategia específica para fortalecer a la petrolera estatal en el mediano plazo. El plan incluye medidas orientadas a la modernización, la transparencia y la eficiencia operativa, además de la posibilidad de buscar financiamiento en mercados internacionales mediante emisión de bonos e incluso una eventual cotización bursátil.
“Ese es el sueño, conseguir recursos de afuera. Probablemente tengamos que lidiar con YPFB con una ley específica”, expresó el ministro.
Medinaceli también aclaró que la reforma respetará el marco constitucional vigente desde 2009. “Establece que los hidrocarburos son administrados por YPFB y el Estado es el dueño de éstos”, recordó.
“Sin embargo, lo que se quiere ahora es tener condiciones económicas para fomentar la exploración y explotación”, concluyó.
(Con información de EFE)
