Representantes y voceros de la Mesa Nacional de Transporte en El Salvador descartaron la posibilidad de un paro técnico, pese a la ola de rumores surgidos tras una reunión sostenida por empresarios del sector el pasado martes. La noticia cobró relevancia después de que Guillermo Ramírez, empresario en Ahuachapán, mencionara que durante la última sesión de la Mesa Nacional de Transporte se habló sobre detener operaciones por falta de liquidez. Sin embargo, los principales voceros del sector negaron que exista una convocatoria formal para interrumpir el servicio.
En entrevistas concedidas a Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña y al programa Corre Corre de Radio 105.3 FM, los representantes de la Mesa Nacional de Transporte, Lucio Vásquez y Luis Regalado, respectivamente, detallaron el contexto que alimentó estos rumores. Vásquez, empresario y vocero de la organización, explicó que la reunión nacional del martes tuvo el objetivo de recoger insumos sobre la situación financiera de los transportistas y acordar propuestas para presentarlas al Gobierno.
La dirigencia del sector identificó como principales demandas la fijación de un precio tope de entre dos y dos cincuenta dólares por galón de diésel para el transporte colectivo y el pago inmediato de los meses de compensación económica adeudados por el Estado.
“No hay un paro técnico convocado, lo que existe es una preocupación real por la liquidez y la sostenibilidad del sector”, recalcó Vásquez.
Durante la entrevista, subrayó que la deuda por compensación económica en algunos casos alcanza los seis meses. El empresario indicó que la última reunión con el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Transporte permitió obtener el compromiso de cancelación de deuda dentro de los próximos días. “Ese es el compromiso que se tiene. Nosotros estamos satisfechos con la voluntad de las autoridades de saldar el atraso, sobre todo porque el sector urge de recursos para cubrir compromisos con proveedores”, señaló.
El sistema de compensación, establecido hace más de dos décadas, otorga quinientos dólares mensuales por autobús y doscientos cincuenta por microbús. Las unidades deben operar veintiún días al mes para contar con este derecho. Sin embargo, el incremento sostenido de los precios de los combustibles y la inflación han erosionado el beneficio real de estos montos. De acuerdo con Regalado, “hoy, solo el aumento acumulado de ochenta y ocho centavos por galón de diésel representa para una unidad una pérdida de más de quinientos dólares mensuales, equivalente al monto de la compensación”.
El sector dispone actualmente de unas nueve mil cuatrocientas setenta y tres unidades entre autobuses y microbuses, aunque en el pasado la cifra superó las once mil doscientas. Vásquez y Regalado atribuyen la reducción del parque vehicular del transporte público a la crisis económica y a la imposibilidad de renovar o mantener las unidades existentes. Regalado advirtió que un “paro económico” podría ocurrir de manera individual en rutas que no logren cubrir sus costos, pero reiteró que no existe una convocatoria nacional para detener el servicio.
El impacto de la crisis se refleja también en la disminución de frecuencias y en la visibilidad de unidades fuera de circulación. Regalado explicó que el flujo de pasajeros ha caído drásticamente tras la pandemia. “Para hacer cien dólares diarios se requieren quinientos pasajeros, y para cubrir los incrementos actuales, se necesitan seiscientos. Pocas rutas alcanzan esa cifra”, expresó.
La Mesa Nacional de Transporte insistió en que el pago de la compensación pendiente solo brindará un alivio temporal y que, sin medidas estructurales, la viabilidad del sector seguirá comprometida. Entre las alternativas planteadas al Ejecutivo figuran la nivelación tarifaria, la revisión del esquema de subsidios y el establecimiento de un precio preferencial para el diésel, excluyendo algunos impuestos.
Los empresarios también consideran la implementación de mecanismos transparentes para el cálculo y la transferencia de subsidios, tomando como referencia modelos aplicados en otros países de la región, donde se han autorizado incrementos tarifarios y precios tope al combustible, como en Honduras y Guatemala. Vásquez recalcó que “la tarifa del transporte colectivo permanece congelada desde hace más de veinte años, mientras todos los costos han subido”.
Los dirigentes de la Mesa Nacional de Transporte afirmaron que van a elaborar una propuesta formal que será presentada a las autoridades en los próximos días. Regalado enfatizó que la sostenibilidad del servicio depende de un acuerdo que contemple tanto la liquidez inmediata como la estabilidad de largo plazo. Por el momento, la dirigencia remarcó que el transporte colectivo continuará operando y que las medidas de presión, si llegaran a plantearse, surgirían solo como último recurso.
