“No sé de qué defenderme”. Así comienza el escrito que presentó el anestesista Hernán Boveri ante la Justicia en el marco de la causa que lo tiene procesado por el robo de propofol del Hospital Italiano. El profesional remarcó que la causa «nació de rumores y carece de pruebas directas“.
El descargo fue presentado luego de negarse a declarar durante la indagatoria. Según el documento, al que accedió Infobae, el imputado por administración fraudulenta señaló que quienes propagaron los rumores “no presenciaron ningún hecho relacionado con el supuesto delito”.
En el escrito, Boveri detalló ante la Justicia su formación y trayectoria profesional: se graduó con diploma de honor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, realizó la residencia en anestesiología en el Hospital Italiano, donde luego ejerció como jefe de residentes, médico asociado y médico de planta; también trabajó como docente en esa institución, participó en cursos y congresos nacionales e internacionales y fue asesor de empresas médicas reconocidas. Resaltó: “Jamás tuve un conflicto con ninguna institución. Jamás enfrenté un cuestionamiento ético ni disciplinario de ningún tipo. Mi carrera es intachable”.
El anestesista criticó el inicio mismo de la causa. Afirmó que todo surgió a partir de “una cadena de rumores originada por alguien —la persona que denunció identificada como ‘Mechi S.’— que no presenció ninguno de los hechos investigados” y que sobre esa base se construyeron conjeturas “hasta que, mediante un procedimiento absolutamente viciado, se obtuvo una supuesta ‘confesión’ destinada a intentar convalidar la hipótesis inicial”.
Indicó que la acusación no especifica la conducta directa que se le atribuye y declaró: “No está determinado exactamente cuál es la conducta concreta que se me atribuye, esto es, cuáles son los acontecimientos históricos con detalle de la fecha, el lugar y el modo en el que habría participado en la comisión de un delito”. Considera que el expediente lo sitúa ante la obligación de “acreditar un hecho negativo”, es decir, demostrar que algo apenas insinuado no ocurrió, lo que en sus palabras afecta su derecho de defensa.
La relación con Delfina Lanusse y el uso de jeringas para su perro
Boveri y Delfina Lanusse están procesados y embargados por administración fraudulenta. En su indagatoria, el anestesista se refirió a la relación sentimental que mantenía con Lanusse, coimputada en el mismo expediente a cargo de Javier Sánchez Sarmiento.
Reconoció que su vínculo nació en el ámbito laboral mientras estaba en pareja, que la relación fue consensuada y negó cualquier tipo de violencia. Sobre versiones que sugieren abuso, citó: “Sobre este punto, la propia Delfina fue clara al descartar en su declaración que su vida hubiera estado en peligro extremo, que aquí reitero de manera categórica”.
Además, enfatizó que lo que los unía era “un sentimiento de cariño mutuo” y que la relación se mantuvo con reserva y discreción, “por las razones que ambos conocíamos y respetábamos”. En tanto, apuntó que la difusión de detalles de su relación con Lanusse dañó su vida personal, ya que terceros tergiversaron la naturaleza del vínculo y su exposición fue utilizada dentro de la causa legal.
El médico también dio explicaciones sobre las jeringas halladas en su domicilio durante un allanamiento judicial: informó que él mismo las compró en Farmacity para suministrar medicamentos a su perro, que recibía un tratamiento oncológico y falleció durante el proceso.
Y remarcó que la presencia de estos materiales en su domicilio no constituye delito ni irregularidad, ya que fueron comprados legalmente y destinados al cuidado veterinario. Además, señaló que no existía ninguna obligación de reintegrar estos insumos a una institución médica, y que su inclusión en la causa responde, según su visión, a “meras conjeturas acerca de un eventual uso indebido, sin que exista un solo elemento de prueba que la respalde”.
Los controles del propofol y cuestionamiento a las pruebas
A lo largo de toda su indagatoria de veinte páginas, Boveri insistió en la inexistencia de pruebas materiales que lo incriminen en el robo de propofol. Aseguró que el propio Hospital Italiano confirmó “no se verificó ningún faltante de este medicamento”, cuya presunta sustracción dio origen a la investigación.
Explicó: “El circuito de aplicación supone la intervención sucesiva y concurrente de múltiples actores y mecanismos de control: el servicio de farmacia, el personal técnico de anestesia, los médicos anestesiólogos, los sistemas de registración y las instancias de devolución y descarte. Se trata de un procedimiento segmentado, controlado y documentado, con verificaciones cruzadas permanentes y a través de un sistema de control internacional de primer nivel”. En ese contexto, según el anestesista, no es viable que un profesional sustraiga medicamentos sin que sea detectado.
Añadió que, al no constatarse pérdidas concretas, no puede hablarse de delito. Describió que el procedimiento que siguen los anestesiólogos en el hospital implica controles múltiples que imposibilitan la sustracción de la sustancia.
Boveri consideró que la investigación se basó únicamente en la coincidencia laboral con Delfina Lanusse durante el período señalado y que la documentación oficial refuta cualquier irregularidad.
Boveri dijo que lo obligaron a asumir el hecho
Uno de los ejes de la defensa de Boveri fue el contexto en que se produjeron las supuestas confesiones ante la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA). Denunció que tanto él como Lanusse estuvieron sometidos a presión emocional, amenazas y situaciones que calificó de ambiente coaccionante, en las que se los impulsó a admitir hechos que niegan haber cometido.
Narró: “Delfina se encontraba frente al riesgo concreto de perder su residencia; yo, ante la posibilidad de ver afectada mi relación de pareja y mi actividad profesional. En ese escenario, se nos colocó en una lógica profundamente distorsiva, que recuerda al conocido ‘dilema del prisionero’”.
Relató que se le insinuó que admitir determinados extremos —que se suponía quedarían circunscriptos a ese ámbito— evitaría la trascendencia pública de la situación. “En ese momento, mi principal preocupación era que mi pareja tomara conocimiento de mi vínculo con Delfina. Bajo esas condiciones, y luego de tres horas de extrema presión, amenazas y agresiones, ellos fueron dando por sentado lo que querían escuchar hasta que se sintieron satisfechos o agotados”, aseguró.
Finalmente, Boveri manifestó que ninguna de las supuestas confesiones debe ser admitida como prueba. Sostuvo que “ninguna de estas manifestaciones puede ser valorada no solo como prueba de cargo, sino siquiera como un acto válido, desde el momento en que provienen de una situación absolutamente ilegítima”.
Con información de Omar Lavieri
