Desde una iglesia de Estados Unidos, el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez pronunció este domingo una homilía que combinó reflexión pascual y denuncia política. El mensaje fue un alegato contra los sistemas de gobierno que, según sus palabras, “se imponen con terror sobre las personas, arrebatándoles su libertad”. Para Báez, esos regímenes son, sin importar su retórica, “enemigos de la paz”.
El religioso reside en Estados Unidos desde abril de 2019, tras recibir instrucciones del fallecido papa Francisco de abandonar Nicaragua por razones de seguridad. En su homilía subrayó que “la paz no es un simple equilibrio de fuerzas ni se identifica con la tranquilidad de los cementerios”, rechazando la narrativa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que presenta al país como un territorio en calma.
“No debemos acostumbrarnos a la falsa paz y a la engañosa normalidad que los dictadores quieren imponer con el miedo y las armas para conservar sus privilegios”, afirmó, según informó la agencia EFE. El prelado también denunció que el régimen espía a los exiliados, les niega servicios consulares y deja a miles en una situación de apatridia de facto al no renovarles el pasaporte.
Las palabras del obispo tienen como telón de fondo un éxodo de proporciones históricas. Según datos del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, al menos 800.000 nicaragüenses —el 11,6% de la población— han abandonado o sido desterrados del país entre abril de 2018 y noviembre de 2025.
En febrero de 2023, el régimen sandinista privó a Báez de su nacionalidad por decreto, medida avalada después por una reforma constitucional de 2025 que eleva a rango constitucional la pérdida de ciudadanía para quienes el régimen califique de amenaza a la “soberanía nacional”.
La persecución al clero es uno de los capítulos más documentados de ese proceso. La investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, contabiliza más de 1.010 ataques contra la Iglesia católica y más de 16.500 actividades religiosas prohibidas desde 2018.
El régimen ha expulsado a más de 300 sacerdotes y religiosos, incluidos cuatro obispos. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que esa persecución constituye crímenes de lesa humanidad. La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada sitúa a Nicaragua como el único país latinoamericano en la categoría de máximo riesgo por persecución religiosa en su informe de 2025, equiparado a Afganistán o Corea del Norte.
La raíz de la crisis se remonta a abril de 2018, cuando protestas contra una reforma previsional desembocaron en una represión que, según la ONU, dejó más de 300 muertos. Las iglesias abrieron sus puertas a heridos y perseguidos, y el clero denunció la violencia estatal. Ortega —en el poder desde 2007, reelecto para un quinto mandato en 2021 con sus principales rivales en prisión o en el exilio— trata desde entonces a la Iglesia como un adversario capaz de movilizar a la sociedad civil.
Báez, a quien el papa León XIV recibió en audiencia en el Vaticano en agosto de 2025, cerró su homilía convocando a sus compatriotas a construir “la paz verdadera, que brota de la justicia, se vive en la libertad y da como fruto la reconciliación”. El horizonte que describe sigue sin fecha para los cientos de miles de nicaragüenses que no tienen, por ahora, país al que regresar.
