El ex ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Juan Santos Cruz, fue sentenciado a 10 años de prisión en el marco del denominado “caso coimas”, mientras que el ex viceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, recibió una condena de seis años, tras una decisión emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción de La Paz.
El proceso se originó a partir de una denuncia presentada el 8 de abril de 2023 sobre una supuesta estructura de cobros ilegales a cambio de favorecer adjudicaciones de obras dentro de esa cartera de Estado. Las investigaciones también concluyeron con responsabilidad penal para cinco ex funcionarios vinculados a la gestión gubernamental del ex presidente Luis Arce (2020-2025).
Además de las penas de cárcel, la sentencia establece que los condenados —entre ellos otros tres ex funcionarios que recibieron seis años de prisión— quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos una vez que el fallo quede ejecutado. Asimismo, el tribunal dispuso avanzar en la identificación y el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el esquema investigado habría generado un daño económico al Estado superior a los 19 millones de bolivianos, equivalentes a 2,7 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. Las autoridades señalaron que se trató de pagos irregulares exigidos a empresas interesadas en contratos públicos, lo que permitió establecer la existencia de una red de corrupción dentro del ministerio.
El fallo se conoce tras casi tres años de proceso judicial en los que el ex ministro Cruz estuvo detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde también guarda reclusión el ex presidente Arce, acusado por una ex funcionaria de su Gobierno de haberla abandonado estando embarazada de un hijo en común.
Arce, que está en prisión desde el 12 de diciembre, enfrenta en paralelo una investigación por el supuesto manejo irregular de recursos públicos para el desarrollo de proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) que no se concretaron o quedaron incompletos. Desde la cárcel, el mandatario publicó una carta la semana pasada en la que se declara inocente y “perseguido político” del gobierno de Rodrigo Paz.
Con la sentencia de Cruz, suman cuatro ex ministros de Arce detenidos. En enero fue aprehendido el ex ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, acusado de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en la construcción de un tramo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz.
Días después cayeron los ex ministros de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani y Néstor Huanca, por una denuncia de conducta antieconómica relacionada a la distribución de harina subvencionada a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), cuyo ex gerente, Franklin Flores, también se encuentra detenido acusado de dirigir la construcción irregular de una planta industrializadora de papa que funcionó solo unas semanas.
Otras autoridades vinculadas al anterior gobierno también enfrentan procesos judiciales, como el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, que fue declarado en rebeldía y se encuentra prófugo de la justicia.
Las detenciones de antiguos funcionarios públicos responden a una política de “lucha contra la corrupción” impulsada desde el Ejecutivo, según aseguró el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. “Cumplimos un mandato presidencial, una política de Estado dentro de la transparencia y la lucha a fondo contra la corrupción”, afirmó en enero durante la conferencia de prensa en la que se anunció la captura del ex ministro Montaño.
