El jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó hoy el decreto N°142-26 a través del cual los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires contarán con un régimen reforzado de acceso prioritario a los servicios públicos.
El objetivo declarado es garantizar que quienes residen y tributan en la jurisdicción porteña tengan preferencia frente a bonaerenses y extranjeros al solicitar turnos, cupos, vacantes o cualquier otro servicio administrativo que ofrezca el Estado local. Esta disposición amplía una política cuya vigencia, desde marzo de 2025, se limitaba a la red de hospitales públicos de la Ciudad.
El decreto firmado por Jorge Macri y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, abarca ahora a todos los servicios de la administración pública, junto con nuevas regulaciones de acceso. De esta forma, el alcalde porteño busca corregir un fenómeno de larga data mediante el cual anunció: “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó. Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: proridad para los porteños”, sentenció.
Así, el Ejecutivo porteño busca con este paso “ordenar y cuidar” la gestión de los recursos porteños. Un dato: solo en 2025, la Ciudad realizó más de 30 millones de prestaciones, y durante la gestión actual la oferta de consultas médicas creció en un 30 %.
El avance más notorio se produjo en el área quirúrgica, donde se concretaron 12.000 intervenciones adicionales, hecho que el Gobierno porteño vincula directamente con la sobrecarga producida por pacientes de otras jurisdicciones.
Límites operativos
A pesar de la nueva disposición, el Ejecutivo subraya que no se trata de una restricción o supresión del acceso a los servicios, sino de un esquema de “ordenamiento proporcional” para la administración del sistema público, siempre bajo “criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.
En los casos de urgencias o emergencias sanitarias, la medida es explícita al señalar que la atención médica seguirá siendo inmediata y sin distinción por domicilio. Quedan fuera de este esquema, además, los servicios vinculados a la seguridad pública.
Es decir, el acceso preferencial de los vecinos a los servicios públicos porteños regirá en los ámbitos administrativos, pero no en situaciones críticas de salud o seguridad.
Desde la jefatura de Gabinete se coordinará transversalmente con las distintas áreas del gobierno porteño para adecuar los procedimientos internos y garantizar la aplicación efectiva de esta jerarquización. La administración busca estructurar así una respuesta específica ante la demanda creciente y el uso excedido de los servicios públicos locales.
La polémica por los costos
Uno de los fundamentos reiterados por Jorge Macri en la argumentación oficial es el costo que la ciudad afronta cuando habitantes de otras provincias, y especialmente de Buenos Aires, recurren al sistema público porteño.
Según su valoración: “personas que no vivían en la Ciudad hacían tours sanitarios que terminaban pagando los porteños”, un fenómeno que, al decir del mandatario, transformó a la capital en “la prepaga gratuita de ningún extranjero”.
La confrontación interjurisdiccional también quedó reflejada en recientes exigencias al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El gobierno porteño reclama que la provincia asuma el financiamiento por la atención de bonaerenses en situación de calle dentro de la Ciudad.
El marco normativo de este reclamo, según el decreto nacional publicado en el Boletín Oficial 373/2025, señala que la atención a personas sin hogar es responsabilidad de cada jurisdicción. El ejecutivo porteño sostiene que la provincia no está cumpliendo con esa obligación, lo que desencadenó una nueva fase del conflicto financiero entre ambas administraciones.
