La Legislatura de Córdoba sancionó este miércoles la reforma al Código de Convivencia, que introduce penas de arresto de hasta seis días y nuevas figuras contravencionales para prohibir la actividad de cuidacoches ilegales -llamados en dicha provincia como “naranjitas”-, limpiavidrios no autorizados y picadas vehiculares, en un intento de regular el espacio público y abordar problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana.
La ley, que entrará en vigencia dentro de los próximos 30 días, obliga a los municipios a actualizar sus ordenanzas, redefine las funciones policiales e incorpora programas sociales y de capacitación, aunque sin detallar sus características específicas.
El articulado establece arresto de seis días para quienes, sin autorización municipal, exijan dinero por estacionamiento y tres días para quienes superen la tarifa oficial o se desempeñen en áreas no habilitadas, incluso si cuentan con permiso. Lo mismo se aplicará a los limpiavidrios, quienes podrán enfrentar igual sanción si ofrecen su servicio en la vía pública, mientras que la reincidencia, la actuación en grupo, el uso de menores, la explotación de personas vulnerables y la operación en zonas sensibles serán considerados agravantes y motivarán penas más graves.
En total, la norma fue aprobada con 51 votos a favor y 19 en contra, con un respaldo mayoritario del oficialismo y objeciones de sectores como el juecismo, el liberalismo y la izquierda.
La nueva normativa endurece penas y redefine el rol policial
El renovado Código de Convivencia también aborda la problemática de las “reuniones vehiculares no autorizadas” —conocidas como picadas— imponiendo castigos de hasta 10 días de trabajo comunitario, multas o arresto, con la posibilidad de duplicarse en casos de eventos masivos o vehículos modificados. En estos casos queda habilitado el secuestro inmediato de los rodados e incluso su decomiso ante situaciones graves o reincidencias.
Uno de los puntos destacados es el nuevo régimen de investigación contravencional. Según la reforma, la responsabilidad recaerá en el Ministerio Público Fiscal, mientras que la Policía se limitará a constatar hechos y ejecutar medidas preventivas urgentes. La normativa fija plazos reducidos: los sumarios deberán concluirse en cinco días —dos en caso de personas detenidas— e incluye la potestad de secuestrar objetos, dinero y vehículos relacionados con infracciones.
Sobre el consumo de alcohol y sustancias en la vía pública, la ley sancionará no sólo la ingesta en lugares prohibidos sino también los “estados de ebriedad o intoxicación que generen disturbios”, facultando a la Policía a intervenir preventivamente ante riesgos de escaladas violentas.
Regulación social y acciones futuras
La ley prevé, como respuesta a un reclamo de la Iglesia Católica, la creación de programas de capacitación, reinserción e inclusión social destinados a naranjitas y limpiavidrios no registrados, aunque los artículos no especifican su alcance. Según el texto legal: “La Provincia acompañará a los municipios en el marco de sus propios programas de capacitación, reinserción e inclusión, contemplando un abordaje integral en materia de salud mental y consumos problemáticos, mediante el desarrollo de cursos y capacitaciones en oficios brindados por la Universidad Provincial de Córdoba u otros organismos”.
En el plazo de un mes, los municipios deberán ajustar sus ordenanzas sobre estacionamiento y la habilitación de cuidadores. La ley invita igualmente a las comunas a crear registros de trabajadores autorizados y habilita múltiples dispositivos públicos para canalizar la inserción social de quienes hasta ahora ejercen la actividad fuera de marcos legales.
Polémica y críticas en el recinto legislativo
El debate estuvo atravesado por críticas dirigidas al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. El presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, acusó al funcionario de montar una “película hollywoodense” y consideró que la iniciativa es “populista”.
Entre los votos negativos destacó el delasotista Bernardo Knipscheer, quien argumentó que la medida responde a “una Córdoba de pleno empleo” y defendió que “donde ven a un delincuente, yo quiero seguir viendo a un cordobés que se cayó del sistema”.
Por su parte, desde el liberalismo, Gregorio Hernández Maqueda votó en contra por considerar que la ley es insuficiente. Y afirmó: “Nosotros instalamos un tema, pero propusimos con un diagnóstico diferente, propusimos otra receta, otro tratamiento para este mismo problema, que no es que está contenido en este proyecto”.
“Esta es una ley que responde al pacto Quinteros-Quinteros, que es parafrasear la ley vigente para hacer como que estamos cambiando cuando en realidad estamos manteniendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, y lo anticipo a la población, los niveles de violencia con esta ley van a seguir aumentando, no van a disminuir. Esto no va a reportar una mejora en la convivencia pública».
El radicalismo, aunque votó a favor en general, expresó reservas sobre la implementación: Dante Rossi advirtió que teme “que el sheriff Quinteros salga a cazar limpiavidrios” una vez publicada la ley, y Matías Gvozdenovich, presidente de la bancada radical, sostuvo que el proyecto “no surge por iniciativa del Ejecutivo, sino como una respuesta a una evidente falta de gestión, para abordar un problema que se fue agravando en el tiempo”.
