Con 137 votos a favor, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en la sesión de la Cámara de Diputados tras horas de debate. Minutos después, el presidente publicó un comunicado oficial donde destacó que dicha modificación permitirá “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias” para el uso de sus recursos.
Durante la madrugada, Javier Milei festejó la victoria a través de sus redes sociales y por medio de un comunicado de Oficina de Presidencia destacó que “celebra la sanción de la Cámara de Diputados y la aprobación definitiva del Congreso de la Nación al proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.
“Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley”, explicó.
El comunicado subrayó que “al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”, el nuevo marco normativo apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico. El Gobierno también enfatizó que la modificación “reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”.
En otro apartado del comunicado, el mandatario planteó: “Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.
Reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció un marco de protección para los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce en Argentina. La norma prohibió actividades extractivas de alto impacto en estas áreas y ordenó la elaboración de un inventario nacional de glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Desde su aprobación, la legislación generó controversias entre sectores ambientalistas y gobiernos provinciales, que reclamaban mayor autonomía en la gestión de sus recursos naturales.
Durante la sesión en la Cámara de Diputados, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, tras casi 12 horas de debate. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo nacional y vinculado a los objetivos del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), recibió el respaldo de los bloques aliados al oficialismo y fue acompañado de una fuerte presencia de funcionarios nacionales y provinciales.
Durante el debate hubo fuertes oposiciones de legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, quienes alertaron sobre el riesgo de avance de la minería en zonas sensibles y denunciaron una supuesta entrega de recursos estratégicos. El mensaje oficial de la Oficina del Presidente también incluyó un reconocimiento expreso del presidente Javier Milei a los legisladores y gobernadores que acompañaron la iniciativa, así como a los equipos técnicos que participaron en la redacción de la reforma.
Por otro lado, el Gobierno sostuvo que, a partir de la promulgación de la reforma, Argentina recupera un modelo de “verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”. Según el comunicado, el proceso de elaboración y debate se extendió durante un año, con la intervención de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, la Secretaría Coordinadora de Minería y Energía y la Secretaría de Minería.
