La Central Obrera Boliviana (COB) resolvió convocar a un cabildo nacional el próximo 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, con el propósito de debatir el rumbo del país y definir una agenda de carácter estructural. La determinación fue asumida durante un “ampliado nacional de emergencia” encabezado por el dirigente sindical Mario Argollo.
De acuerdo con Argollo, la iniciativa responde a la necesidad de que los sectores laborales participen en la definición de propuestas para el Gobierno. “Los compañeros pidieron realizar un gran cabildo nacional para el 1 de mayo (…) para que en este encuentro podamos tomar determinaciones sobre el rumbo que queremos para nuestro país”, afirmó.
Argollo también expresó críticas hacia la gestión de Rodrigo Paz, al señalar que, desde la perspectiva de la organización, no existen políticas orientadas a resolver problemas de carácter estructural. En ese contexto, la organización sindical plantea construir una agenda nacional que recoja las demandas de organizaciones sociales de los nueve departamentos del país.
Por otro lado, el dirigente descartó la participación de la COB en encuentros impulsados por actores políticos. “No queremos politizar ni que el gobierno piense que queremos hacer política”, sostuvo en referencia a iniciativas externas.
El cabildo busca consolidarse como un espacio de deliberación amplio, en el que se definan lineamientos y propuestas que, según la dirigencia sindical, apunten a lograr transformaciones de fondo en el país.
La COB es la principal organización sindical del país y una de las más influyentes en su historia política, aunque en el último tiempo fue cuestionada sobre su independencia frente a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce. Si bien protagonizaron demandas salariales y presiones sectoriales específicas, también fue percibida por algunos actores como un aliado político del oficialismo.
Con el cambio de gobierno en noviembre pasado, la relación entre la COB y el Ejecutivo ha dado señales de una mayor tensión especialmente tras la promulgación del Decreto Supremo 5503, el 17 de diciembre de 2025, que derivó en movilizaciones, bloqueos y un endurecimiento del discurso sindical.
La norma eliminaba la subvención a los combustibles —vigente por más de dos décadas—, establecía nuevos precios para su comercialización, aumentaba el monto del salario mínimo y algunos bonos sociales, e incluía artículos destinados a incentivar la inversión, que fueron observados por varios sectores que ponían en duda su constitucionalidad. La COB interpretó estas medidas como parte de un ajuste económico que trasladaba el costo de la crisis a la población trabajadora y encabezó las protestas que se extendieron hasta mediados de enero en diferentes regiones del país.
A través de bloqueos de carreteras y movilizaciones masivas, la COB consiguió en negociaciones con el Gobierno que se abrogara el decreto y se mantuviera, en una norma separada, la eliminación del subsidio a los combustibles y el aumento salarial, en lo que constituyó el primer conflicto social de la administración de Paz.
En los últimos días, la organización laboral también ha exigido un nuevo alza salarial, una práctica anual que se define a partir de negociaciones con el Ejecutivo en las semanas previas al 1 de mayo y que es de carácter obligatorio para el sector público y privado.
El porcentaje del incremento se define en función de variables macroeconómicas como la inflación registrada en la gestión anterior y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque también inciden factores políticos y sociales. Para esta gestión, los trabajadores demandan 20% de incremento.
En ese contexto y en vista del cabildo sindical, las negociaciones entre el Gobierno y los dirigentes de la COB serán decisivas para evitar un nuevo foco de tensión.
