El gobierno uruguayo atraviesa uno de sus principales problemas por el crecimiento de la población que duerme en la calle. Las críticas no solo le llegan desde la oposición sino también desde el Frente Amplio, la coalición de izquierda a la que pertenece Yamandú Orsi. Uno de los motivos detrás del incremento de este problema es la liberación de unos 40 presos por día, que en muchas ocasiones no tienen adónde ir.
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo está trabajando en elaborar una canasta social que pueda servir de apoyo para aquellas personas que salen de un centro penitenciario y no tienen otra alternativa que terminar en la calle. El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a cargo de la gestión de las calles, es el que diseña el plan.
La directora del INR, Ana Juanche, dijo días atrás al programa Así nos va de Radio Carve que se está trabajando en un plan piloto para que los presos puedan acceder a subvenciones al boleto, la vivienda y el empleo. El plan alcanzaría a unos 500 recién liberados. “Es un plan de apoyo integral. Estamos evaluando también cuál es el período (a considerar)”, detalló la funcionaria del gobierno de Yamandú Orsi.
Juanche recordó que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se implementó un programa que estableció un bono para el transporte, que alcanzó a 400 casos. Señaló que esta experiencia tuvo una duración “acotada”. “En la evaluación de impacto del programa se vio que, sobre todo en el primer mes de egreso, el apoyo monetario era sustantivo en realentizar el retorno de las personas a la calle”, expresó.
“Son personas muy vulnerables, que tiene grandes perspectivas de que si no tienen un sostén, un acompañamiento, quedan en situación de calle, porque no tienen acceso a la vivienda, porque tienen los vínculos socio-afectivos bastante quebrantados y porque muchas veces volver a la comunidad es volver círculo criminógeno”, explicó la directora.
Cuando se aplique este programa, el INR debería encargarse de detectar a personas que estén por egresar de la cárcel y puedan ser beneficiarias del programa. Para esto, deberá trabajar con la Dirección Nacional del Liberado (Dinali).
Los recién liberados podrían tener acceso a una vivienda “protegida”, una atención de salud integral –para que puedan tratar su adicción a las drogas, si es que las tienen– y a alimentación. “Así iríamos agregando prestaciones hasta que la persona pueda estar relativamente estabilizada y, por supuesto, colaborar en el empleo que es el eje motor. Si la persona no encuentra cómo sustentar su vida cotidiana, difícilmente pueda permanecer sin reincidir”, explicó la directora de las cárceles uruguayas.
Este período de “estabilización” sería de un mínimo de seis meses, aunque el objetivo de fondo es que sea de al menos un año.
Este lunes, entrevistada en el programa Lado B de Tv Ciudad, Juanche explicó que la idea “rectora” del plan es trabajar en las políticas post penitenciarias, con la meta de disminuir los niveles de reincidencia. La jerarca definió que las políticas en el país aún son débiles. “Es débil la propuesta de rehabilitación, todavía. Es débil la propuesta de acompañamiento al egreso. Este es un plan piloto que busca fortalecer el acompañamiento, que es multidimensional e integral”, expresó.
El gobierno todavía está en etapa de diseño de los detalles que tendrá el “acompañamiento”.
El sistema carcelario de Uruguay tiene un estado crítico desde hace años. Los informes sobre lo que ocurre dentro de las cárceles generan alarmas: allí más del 40% de los presos no tiene acceso a medicamentos, asistencia ni posibilidades de rehabilitación. Una de las explicaciones del gobierno uruguayo es que las dificultades están fuertemente asociadas al incremento constante de la población privada de libertad.
