El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el lunes a la defensa del ex presidente Jair Bolsonaro que explique si su cliente recibió imágenes filmadas por su hijo Eduardo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada el fin de semana en las afueras de Dallas, Texas. El magistrado Alexandre de Moraes, instructor de la causa por golpismo, dio 24 horas a los abogados para presentar aclaraciones tras conocerse que Eduardo dijo en el foro que grababa el evento porque lo estaba “mostrando” a su padre.
El episodio puso en jaque un beneficio concedido apenas tres días antes. Bolsonaro había abandonado el viernes el hospital privado DF Star de Brasilia, donde estuvo internado desde el 13 de marzo con una bronconeumonía bilateral bacteriana provocada por un episodio de broncoaspiración, con más de diez días en cuidados intensivos. De Moraes autorizó entonces su traslado al domicilio familiar por un plazo de 90 días prorrogables, con condiciones estrictas: tobillera electrónica, prohibición de usar cualquier dispositivo de comunicación y veto explícito a recibir contenidos externos incluso por medio de terceros.
La respuesta familiar fue inmediata. Michelle Bolsonaro publicó en Instagram que no hubo recepción de ningún video grabado en ese evento ni exhibición de ese material al ex presidente, y sostuvo que las prescripciones judiciales se cumplían íntegramente. La declaración buscó atajar una crisis que, de confirmarse, podría derivar en el regreso del ex presidente al complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia, donde cumplía condena antes de ser hospitalizado.
Desde el Congreso, la diputada Talíria Petrone, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue más lejos y solicitó formalmente al Supremo que revoque el arresto domiciliario. En su escrito, señaló que la conducta de Eduardo constituyó una tergiversación de la sentencia y un intento de mantener presencia pública activa eludiendo el aislamiento propio del régimen penitenciario. Petrone también alertó sobre los contenidos publicados por Michelle en su canal de YouTube con rutinas de recuperación del ex presidente, como otra posible vulneración de las restricciones impuestas por la corte.
Eduardo participó en la CPAC junto a su hermano Flávio, senador y candidato del Partido Liberal para los comicios presidenciales de octubre. Eduardo reside en Estados Unidos desde febrero de 2025, cuando abandonó Brasil bajo presión judicial por su presunto intento de obstruir la causa contra su padre. Desde el escenario en Dallas reclamó presión diplomática internacional para garantizar elecciones libres en Brasil y presentó a Flávio como el próximo presidente del país.
Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos contra la democracia, entre ellos la tentativa de golpe de Estado y el liderazgo de una organización criminal armada, tras perder las elecciones de 2022 ante Lula. No es la primera vez que enfrenta acusaciones de violar sus condiciones de reclusión: en noviembre, el Supremo lo trasladó a una celda de la Policía Federal tras descubrirse que había dañado su tobillera con un soldador, episodio que la corte interpretó como un intento de fuga y que él mismo atribuyó a un estado de confusión inducido por medicamentos.
A menos de siete meses de las elecciones presidenciales, si De Moraes determina que hubo incumplimiento, el beneficio humanitario podría convertirse en un regreso sin retorno al penal de Papuda.