El Gobierno japonés calificó este lunes de “absolutamente inaceptable” la decisión de Beijing de sancionar al legislador Keiji Furuya, del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), por sus repetidas visitas a Taiwán y su reunión el pasado 17 de marzo con el presidente de la isla, William Lai. El viceportavoz gubernamental Masanao Ozaki exigió la revocación inmediata de las medidas y presentó una protesta formal ante China por canales diplomáticos.
“Es absolutamente inaceptable que la parte china tome medidas unilaterales, basándose en las palabras y acciones de dicho legislador, como si intentaran intimidar a quienes tienen posiciones diferentes a las suyas”, declaró Ozaki en rueda de prensa. El funcionario subrayó que la libertad de expresión de los parlamentarios japoneses “debe ser respetada” y calificó lo ocurrido de “extremadamente lamentable” para las relaciones bilaterales.
Las sanciones, anunciadas por el Ministerio de Exteriores chino al amparo de la Ley contra las Sanciones Extranjeras, congelan los bienes y activos de Furuya dentro del territorio chino, le prohíben la entrada a China continental, Hong Kong y Macao, y vedan a cualquier organización o individuo realizar transacciones o cualquier forma de cooperación con él. Entraron en vigor de forma inmediata.
Furuya, de 73 años y estrecho colaborador de la primera ministra Sanae Takaichi, preside el Consejo Consultivo de Parlamentarios Japón-República de China, un grupo interpartidario dedicado a promover los lazos con Taiwán. En su más reciente visita a Taipéi se reunió con Lai Ching-te y abogó por ampliar la cooperación en inteligencia artificial, seguridad energética y cadenas de suministro. Según medios taiwaneses, también propuso un intercambio militar trilateral entre Japón, Estados Unidos y Taiwán.
El legislador restó importancia práctica a las medidas. Según declaró a NHK, lleva décadas sin pisar China y no posee activos en ese país. Defendió su postura con contundencia: sus visitas a Taiwán responden a “los valores fundamentales compartidos del Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos básicos y la democracia”, y anunció que no modificará su conducta.
Beijing rechazó cualquier crítica. La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning describió las sanciones como respuesta a los “actos abominables” de Furuya y advirtió que buscan “servir de advertencia a otros”. La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, Zhu Fenglian, reiteró que la cuestión de Taiwán es “una línea roja que no debe cruzarse” y defendió las medidas como conformes a la legislación china y a las normas internacionales.
Las sanciones se inscriben en una crisis diplomática que se agudizó en noviembre pasado, cuando Takaichi planteó intervenir militarmente en Taiwán si China atacara la isla, al considerar que ello constituiría una “amenaza a la supervivencia” de Japón. La declaración rompió con la ambigüedad estratégica histórica de Tokio y desencadenó represalias económicas y diplomáticas, incluido el aliento de Beijing a sus ciudadanos para reducir los viajes a Japón.
No es la primera vez que China recurre a sanciones individuales contra políticos japoneses. El año pasado ya penalizó al legislador Seki Hei y al ex jefe del Estado Mayor Shigeru Iwasaki. La escalada refleja la disposición creciente de Beijing a emplear su Ley contra las Sanciones Extranjeras —aprobada en 2021— como instrumento de presión contra quienes considera hostiles a sus intereses en el Indo-Pacífico.