La noche del 6 de agosto de 2025, M. E. J. (47) llamó al padre de su hijo de 14 años, Aarón Benjamín Alaniz, para pedirle que fuera a su casa en Río Cuarto porque había encontrado al menor tendido en el suelo sobre un charco de sangre. Ante las autoridades declaró que no recordaba nada de lo ocurrido, pero las pruebas la señalaron como la principal acusada.
Desde esa misma noche, la mujer permanece detenida bajo la acusación de haber sido la autora de las doce puñaladas que los forenses encontraron en el cuerpo del adolescente. Luego de que las pericias psiquiátricas indicaran que comprendía la criminalidad de los actos, el fiscal Pablo Jávega resolvió que era apta para ser imputada por el delito de homicidio calificado agravado por el vínculo.
En los últimos días, se decidió que la causa sea elevada a la etapa del juicio oral, después de que un Juzgado de Control rechazara los planteos de la defensa. Pese a que los defensores de la acusada intentaron cuestionar la imputación, el tribunal validó la continuidad del proceso.
De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el fiscal Jávega informó que, antes de tomar esta determinación, se realizaron diversas medidas probatorias. Entre estas, se incorporaron testimonios, documentación médica y pericias interdisciplinarias para evaluar la situación mental de la acusada en el momento del crimen.
A partir de la incorporación de estos elementos al expediente, la Fiscalía apuntó que quedó acreditado que tenía la capacidad de comprender la criminalidad del acto y de dirigir sus acciones al momento de los hechos. Este punto resultó determinante para descartar los planteos de la defensa vinculados a una posible inimputabilidad.
El día del crimen, la mujer había manifestado a las autoridades policiales que era una paciente psiquiátrica y que padecía esquizofrenia. Incluso, les indicó que había tomado dos de los medicamentos que aparentemente tenía prescriptos por su diagnóstico. Sin embargo, las pericias negaron que estos elementos hubieran tenido algún tipo de influencia en su accionar.
El ataque ocurrió en el domicilio familiar, donde la víctima recibió 12 heridas de arma blanca. A raíz de la gravedad de la acusación, la mujer fue imputada por homicidio calificado agravado por el vínculo, una de las figuras más severas del Código Penal que prevé una pena de prisión perpetua en caso de que el tribunal la hallara culpable.
En principio, la acusada aseguró que habría tenido una supuesta pérdida de conciencia y que, cuando la recobró, el cuerpo del menor se encontraba sobre un charco de sangre. Por esto, se comunicó con su ex pareja y padre de Benjamín, quien arribó al lugar y alertó a la Policía de Córdoba.
Durante la inspección preliminar, los efectivos policiales constataron la muerte del adolescente. Asimismo, registraron que la mujer tenía varios cortes en la pierna izquierda. No obstante, no habrían estado relacionados con un forcejeo, debido a que la autopsia del joven comprobó que no tenía lesiones defensivas.
Pero esta información no se conocería hasta más tarde, por lo que la primera hipótesis que barajaban los investigadores apuntaba a que la mujer sí había sufrido un brote psicótico. Sobre todo, porque los agentes la encontraron en estado de shock, sentada en una reposera, junto al cadáver de su hijo. También encontraron el arma homicida, un cuchillo que fue agregado como prueba clave para el juicio.
Frente a este panorama, habían ordenado que la madre de Benjamín fuera internada en el área de salud mental del Hospital San Antonio de Padua hasta que fuera estabilizada. “Hubo alguna falla en el tratamiento o le faltó la medicación, porque el hijo se quedaba con ella para cuidarla por su patología”, evaluaban fuentes de la investigación. Una línea investigativa que también había sido apoyada por los vecinos, quienes indicaron que eran buenas personas.