El Gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con dirigentes transportistas y logró suspender un paro iniciado el miércoles en reclamo por la mala calidad del combustible y por supuestos retrasos en el resarcimiento a los conductores afectados por la gasolina.
El acuerdo tiene cuatro puntos e incluye la creación de una comisión para verificar la calidad de la gasolina en las plantas de refinamiento y en las estaciones de servicio. De igual forma, una comisión viajará a los puertos de Chile y Perú para revisar las condiciones en las que llega el combustible antes de su procesamiento. Según datos oficiales, Bolivia importa más del 90% de diésel y casi el 60% de la gasolina que necesita para cubrir su mercado interno.
El documento firmado este jueves establece el resarcimiento de daños a los usuarios afectados en un plazo máximo de tres días hábiles y el diferimiento de créditos bancarios para quienes hubieran sido perjudicados.
En el encuentro participaron todas las tres federaciones de transportistas de La Paz y cuatro ministros: de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; de Economía, José Gabriel Espinoza; de Obras Públicas, Mauricio Zamora; y de la Presidencia, José Luis Lupo. El ausente de este encuentro fue uno de los principales implicados en el conflicto, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky, que se encontraba fuera del país.
Con la firma de este acuerdo se pone fin al paro con bloqueos que paralizó la ciudad de La Paz el miércoles y el jueves. Los choferes reclamaban por el combustible contaminado y exigían celeridad en el pago del resarcimiento, un seguro creado por el Gobierno para compensar los gastos a quienes hubieran sufrido daños mecánicos atribuidos a la gasolina.
Hasta ahora, más de 10.000 personas han presentado reclamos formales ante YPFB por los daños en los motores y los gastos de mantenimiento y repuestos oscilan entre los 100 y 5.000 dólares. YPFB informó que ha pagado indemnizaciones por 357.000 dólares y seguirá haciendo las compensaciones en abril.
El conflicto inició hace más de dos meses cuando surgieron las primeras denuncias de usuarios y transportistas. La estatal YPFB admitió que se había distribuido combustible contaminado con restos de goma y manganeso, y afirmó que se inyectarían detergentes y aditivos especiales para mejorar la calidad. Sin embargo, medios locales reportan que las fallas persisten, lo que sugiere que el producto aún no cumple con los estándares recomendados.
En paralelo, el presidente Rodrigo Paz ordenó el resguardo militar de todas las plantas de refinamiento para controlar la cadena de distribución debido a que habrían identificado la existencia de un plan de “sabotaje” interno, el cual nunca se explicó técnicamente.
Bolivia levantó en diciembre el subsidio de más de dos décadas a los combustibles, con lo que el precio de la gasolina y el diésel subió el doble y el triple de lo que costaba. Esta medida supuso el fin de las largas filas en los surtidores debido a la recurrente escasez y cortó el suministro a las redes de contrabando que se habían creado en los últimos años.
Sin embargo, la incertidumbre sobre la calidad se convirtió en el eje de las protestas actuales y un frente crítico para el Gobierno, que enfrenta el desafío de encontrar soluciones definitivas más allá de contener el malestar social.