El conflicto por la transparencia en el manejo de fondos públicos sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. Un grupo integrado por unos 50 productores rurales del partido de Necochea inició acciones judiciales contra el gobierno municipal. Estos productores impulsaron una demanda colectiva para exigir información precisa sobre la recaudación y el destino de la tasa de red vial, un tributo que grava a quienes tienen campos en la región y que, según el presupuesto local, representa una suma significativa para las arcas del municipio.
El grupo de productores, con representación legal de Pablo Abdón Torres Barthe, decidió avanzar por la vía judicial luego de agotar los canales administrativos. El pedido formal, presentado ante la municipalidad, buscó acceder a datos oficiales sobre el monto exacto recaudado en concepto de tasa de caminos rurales y, especialmente, en qué se emplean esos recursos. Ante la falta de respuesta del gobierno local tras vencer los plazos administrativos, resolvieron acudir a la Justicia mediante una acción de amparo colectivo por acceso a la información pública.
El reclamo en Necochea se inscribe en una estrategia que ya se desplegó en otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Movimientos similares surgieron en municipios como Henderson, Baradero, Azul y General Alvarado, donde productores rurales también recurrieron a la Justicia para exigir rendición de cuentas sobre el manejo de la tasa vial. La particularidad del caso necochense radica en la magnitud de la demanda y en el volumen de fondos involucrados, dado que la cifra anual recaudada resulta considerable y el costo por hectárea es uno de los más altos en el territorio provincial.
La tasa de red vial en Necochea asciende a $1.500 por hectárea por mes, lo que representa unos $18.000 por hectárea al año. El cobro de este tributo afecta de manera directa a la producción agrícola y ganadera, que reclama una correlación entre lo que aportan y los servicios recibidos. Según los productores, el estado de la red de caminos rurales resulta deficiente, a pesar de los fondos que se recaudan con destino específico para su mantenimiento.
La presentación judicial no cuestiona, en esta primera etapa, el monto del tributo, sino que se centra en exigir acceso a información pública. El objetivo inmediato consiste en obtener datos oficiales sobre la recaudación y el gasto vinculado a la tasa de caminos. Los productores buscan conocer con precisión cuánto dinero ingresa al municipio por este concepto y en qué partidas se aplica. De este modo, aspiran a auditar el flujo de fondos y a detectar posibles desvíos o usos no autorizados de los recursos que la normativa local establece para la red vial.
El abogado Pablo Abdón Torres Barthe representa legalmente a los productores en este proceso. En declaraciones públicas, expresó que el pedido de acceso a la información constituye el primer paso para luego, en una etapa posterior, analizar la posibilidad de impugnar el valor de la tasa o incluso impulsar acciones judiciales de índole económica o penal si se detectan irregularidades en el manejo de los fondos.
La acción de amparo colectivo presentada por el grupo de productores se ampara en el marco legal vigente, que habilita este tipo de reclamos cuando las autoridades no responden en tiempo y forma a los pedidos de información pública. Según la normativa, si transcurren treinta días sin que el municipio otorgue acceso a los datos requeridos, los ciudadanos quedan habilitados para recurrir a la Justicia y exigir transparencia mediante el fuero contencioso administrativo.
El caso de Necochea cobró relevancia debido al volumen del reclamo y al peso específico de la producción rural en la economía local. El partido cuenta con unos 1.400 kilómetros de caminos, de los cuales aproximadamente 400 son de jurisdicción provincial. Las quejas de los productores se enfocan en el mal estado de los caminos, que genera dificultades para el traslado de cosechas, insumos y personas, e impacta en la actividad agropecuaria.
El conflicto por la tasa vial se encuadra en un contexto más amplio de reclamos de diversos sectores rurales bonaerenses. Los productores sostienen que las tasas recaudadas deberían destinarse de manera exclusiva a la mejora y el mantenimiento de los caminos rurales. En Necochea, además, existe una sobretasa del 30% sobre la tasa de caminos rurales, cuyo destino declarado es la promoción y prevención de la salud. Según el presupuesto municipal, esta sobretasa representa una recaudación superior a los $1.550 millones.
Las dudas sobre el cumplimiento de los destinos específicos de las tasas cobradas crecieron luego de incidentes ocurridos en el partido. Uno de los hechos que impulsaron el reclamo judicial fue el fallecimiento de una mujer en el pueblo de La Dulce, dentro del partido de Necochea, por falta de médico y de ambulancia. El caso expuso la tensión entre lo recaudado y los servicios efectivamente prestados por el Estado local, tanto en materia de infraestructura vial como en salud.
Los productores rurales advirtieron que el desvío de fondos recaudados con fines específicos puede tener consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los habitantes de la zona. La pregunta central que impulsó la demanda se enfoca en la lógica de la recaudación: “¿Para qué se recauda si después no se brindan los servicios?”, plantearon en su reclamo. El eje del conflicto no se limita a los caminos sino que abarca áreas sensibles como la salud, donde la asignación de recursos resulta vital.
La movida judicial promovida en Necochea podría expandirse a otros distritos del interior bonaerense. Existen productores rurales de partidos como Rojas y Rauch que evalúan sumarse a la estrategia colectiva de exigir transparencia sobre el manejo de los recursos de la tasa vial. La experiencia previa en municipios como Henderson y Baradero mostró que este tipo de reclamos puede obtener fallos favorables en la Justicia, fortaleciendo la demanda de información pública como herramienta de control ciudadano.
El proceso iniciado en Necochea tiene como objetivo central la obtención de pruebas oficiales sobre el destino de los fondos recaudados a través de la tasa de caminos. Una vez que los productores accedan a la información, podrían avanzar en nuevas etapas judiciales para cuestionar el valor de la tasa, exigir compensaciones económicas o incluso impulsar investigaciones penales si detectan irregularidades o desvíos en el uso de los recursos públicos.
El reclamo también apunta a conocer en detalle cuánto dinero de los fondos que envían el gobierno provincial y nacional se asigna efectivamente a la red de caminos rurales. El volumen de recursos transferidos desde otras jurisdicciones y su impacto en el presupuesto local representa otro de los aspectos bajo análisis por parte de los productores.
Hasta el momento se espera que la intendencia de Necochea, a cargo de Arturo Rojas, de cuenta de la notificación formal sobre la acción de amparo colectivo. Mientras tanto, el conflicto suma adhesiones y se posiciona como un caso testigo en la discusión por el financiamiento y la transparencia en el mantenimiento de la red vial rural en la provincia de Buenos Aires.
Los productores de Necochea insisten en que el acceso a información pública es un derecho fundamental y que la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos debe ser una práctica habitual de las administraciones locales. El reclamo por la transparencia se convierte, así, en una demanda compartida por sectores rurales de distintos puntos de la provincia, que buscan garantizar la adecuada prestación de servicios esenciales para la producción y la vida en el interior bonaerense.
Los representantes legales del colectivo de productores sostienen que el camino judicial resulta una herramienta legítima para exigir transparencia y control sobre el destino de los recursos públicos. La acción de amparo colectivo presentada en Necochea se suma a una serie de procesos similares que, en los últimos años, marcaron la agenda de reclamos rurales en la provincia de Buenos Aires.