Acreedores externos solicitaron en tribunales estadounidenses la transferencia de propiedad sobre activos comerciales riojanos. La demanda busca compensar impagos de títulos públicos mediante la ejecución de participaciones estatales en el sector financiero y en la generación de recursos renovables.
Un grupo de fondos de inversión, que posee una porción de los títulos de deuda de La Rioja, inició una acción legal en los Estados Unidos con el objetivo de obtener el control de las acciones del banco público de la provincia y de un centro de energía renovable. Esta presentación ocurrió en el estado de Massachusetts y apuntó directamente contra el capital social de Banco Rioja y del Parque Eólico Arauco (PEA). Los demandantes sostuvieron que estos activos califican como bienes comerciales y, por lo tanto, quedan sujetos a procesos de embargo para satisfacer sentencias judiciales previas que la administración provincial no pagó.
El abogado Dennis Hranitzky representó a este sector de bonistas, que integró el Comité Ad Hoc de Bonistas de La Rioja. El grupo controló aproximadamente el 8,5% de los instrumentos conocidos como “Bonos Verdes”, con vencimiento original en el año 2028. La provincia declaró el estado de default sobre estos compromisos en febrero de 2024, cuando omitió el pago de una cuota de capital por un monto de 16 millones de dólares. Desde aquel momento, el distrito sumó otros cuatro incumplimientos en los pagos semestrales previstos de intereses y capital.
La elección de la justicia de Massachusetts para este trámite respondió a una estrategia legal específica. Los abogados de los acreedores utilizaron una cláusula de la legislación de ese estado denominada reach and apply. Este mecanismo permitió a los demandantes agilizar el cobro de deudas mediante la afectación de activos que pertenecen al deudor. Aunque los fallos originales contra la provincia surgieron en tribunales de Nueva York, la inscripción de esas sentencias en Massachusetts buscó habilitar la ejecución de las acciones de las empresas mencionadas.
Los bonistas argumentaron en su escrito que la provincia contó con recursos suficientes para evitar el cese de pagos. El texto de la demanda subrayó que una parte mayoritaria de los fondos obtenidos con la emisión de los Bonos Verdes en 2017 financió la construcción de los parques eólicos a través de la firma PEA. También recordaron que, antes de entrar en default, la provincia vendió una de sus plantas de energía a la empresa Pampa Energía por una suma de 171 millones de dólares. Según los denunciantes, el gobierno provincial no destinó ningún porcentaje de ese ingreso al cumplimiento de sus obligaciones con los tenedores de bonos.
La situación financiera de la jurisdicción mostró signos de deterioro en los últimos períodos reportados. De acuerdo con los datos oficiales correspondientes al tercer trimestre de 2025, las cuentas públicas riojanas registraron un déficit financiero equivalente al 0,4% de sus ingresos totales. Esta cifra contrastó con el desempeño del año previo, cuando la provincia exhibió un superávit de 10,7%. Este desequilibrio ocurrió incluso sin que la administración realizara los pagos correspondientes a los intereses de la deuda en moneda extranjera.
El analista Sebastián Maril, de LATAM Advisors, analizó la evolución del conflicto y los montos involucrados en el litigio. Al respecto, Maril explicó: “Los fondos acreedores de deuda en default de la Provincia de La Rioja, presentan una demanda con el objetivo de tomar posesión del Banco de La Rioja y del Parque Eólico Arauco. Los fondos son beneficiarios de un fallo que originalmente fue por USD 16 millones que, tras varios defaults, hoy se eleva a USD 75 millones”. Esta diferencia en las cifras respondió a la acumulación de intereses diarios y a la suma de los nuevos vencimientos impagos desde el inicio del proceso judicial.
El origen de la deuda se remontó al año 2017. En febrero de ese año, la gestión provincial colocó títulos por 200 millones de dólares y realizó una ampliación por otros 100 millones en agosto. La tasa de interés inicial se pactó en el 9,75% anual. Posteriormente, en 2021, este instrumento atravesó una reestructuración luego de que el Gobierno nacional completó el canje de la deuda soberana. En esa instancia, el cupón de interés bajó al 3,5%, con un cronograma de aumentos escalonados que previó alcanzar el 8,5% anual para el año 2028.
Frente a la nueva embestida en los tribunales norteamericanos, el gobierno que encabeza Ricardo Quintela mantuvo la postura de resolver el conflicto exclusivamente por la vía legal a través de sus representantes jurídicos. Fuentes de la gobernación indicaron que la provincia todavía buscó una instancia de negociación con los bonistas para reestructurar la deuda. Respecto a la posible venta de las acciones de las empresas públicas, las autoridades aclararon que no existió ninguna operatoria concreta, a pesar de las versiones que circularon en medios locales sobre la necesidad de obtener liquidez.
El comunicado emitido por los bonistas incluyó una advertencia para los posibles interesados en adquirir activos riojanos. El texto señaló que cualquier comprador potencial de las acciones de Banco Rioja o del Parque Eólico Arauco debe considerar la existencia de esta moción judicial. Los acreedores afirmaron que la provincia languideció en una situación de default mientras otras provincias vecinas cerraron proyectos de inversión extranjera directa y mantuvieron sus perfiles de deuda al día.
La justicia de Nueva York ya emitió fallos favorables a los demandantes el 11 de septiembre de 2024 y el 7 de julio de 2025. Esas sentencias reconocieron la validez de los reclamos por los pagos omitidos. Al no registrarse movimientos voluntarios de pago por parte del distrito emisor, el grupo representado por el estudio Quinn, Emanuel Urquhart and Sullivan, LLP procedió con el pedido de embargo y entrega de acciones. Los demandantes insistieron en que el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco operan como entidades comerciales y no gozan de inmunidad frente a este tipo de reclamos de ejecución.
La crisis financiera llevó a la provincia a tomar medidas excepcionales durante el año 2024, como la emisión de una cuasimoneda denominada “Chachos”. Este contexto de restricción de fondos marcó el ritmo de la relación con los mercados internacionales. Mientras tanto, los bonistas ratificaron su intención de agotar todos los medios judiciales disponibles para recuperar el valor de sus créditos. La presentación en Massachusetts marcó un nuevo hito en la estrategia de los fondos de inversión para presionar por el cobro de la sentencia neoyorquina a través de la incautación de empresas vinculadas al desarrollo económico y financiero de la provincia.