La agencia nuclear rusa Rosatom y la compañía brasileña Nucleo Brasil Energia Participações (NBEPar) acordaron la creación de una empresa conjunta para la extracción y procesamiento en Brasil de minerales de importancia crítica, según informó la parte rusa.
“La compañía Uranium One Group (perteneciente al grupo empresarial TENEX de la estatal Rosatom) y la brasileña NBEPar firmaron un acuerdo para la creación de la empresa conjunta Nadina Minerals para llevar a cabo proyectos de extracción de materias primas en Brasil”, indicó Rosatom en un comunicado difundido por TASS.
De acuerdo con la agencia nuclear rusa, “en el marco de sus actividades conjuntas los socios buscarán obtener los permisos necesarios, realizar labores de prospección geológica en los posibles yacimientos y la creación de empresas modernas para la extracción y procesamiento de metales de importancia crítica para el desarrollo de ramas de alta tecnología”.
La firma del acuerdo se realizó durante el foro internacional Nuclear Summit 2026 en Río de Janeiro, según Rosatom.
La agencia nuclear rusa destacó que Moscú cuenta con una trayectoria de cooperación nuclear con Brasil, principalmente en el suministro de combustible nuclear enriquecido y la conversión de uranio brasileño.
Lula sancionó una ley que endurece las penas contra las facciones criminales
En otro orden, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este martes una ley que endurece las penas contra los integrantes de las facciones criminales y que era una de sus mayores prioridades antes de la celebración de los comicios de octubre.
Lula celebró la medida durante la ceremonia de la firma y dijo que suponía “un paso más para que Brasil sea uno de los países más respetados del mundo en el combate al crimen organizado”.
La ley prevé, entre otras cosas, penas de hasta 40 años de prisión para los líderes de las facciones “ultraviolentas”, aquellas que atentan contra la paz y que aspiran a controlar territorios e intimidar a poblaciones y autoridades.
En la mira están el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, las dos organizaciones más peligrosas del país y que en los últimos años se han expandido dentro y fuera de Brasil.
Además, la medida impide que los miembros de las bandas condenados tengan acceso a beneficios como amnistías, indultos o libertades condicionales, y establece un banco de datos para que estados, municipios y Gobierno central compartan información.
Lula señaló que la ley es una “oportunidad” para arrestar a los verdaderos responsables de las facciones, aquellos que “viven en apartamentos de lujo”.
“Esos son los que necesitan ser presos para que podamos acabar con el crimen organizado de verdad”, dijo.
El tema de la seguridad pública es uno de los que más preocupa a los brasileños en este año electoral, según las encuestas.
A menos de seis meses de los comicios de octubre, Lula busca reforzar sus credenciales en el combate al crimen organizado, frente a las acusaciones de debilidad que le hace su principal rival, el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).